Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que si el proyecto no se echa a andar, tendría impacto negativo, y que las transacciones dudosas no deberían afectar la operación técnica del puerto.
“El proyecto es más que necesario para el país, aunque la forma de implementarlo no fue la correcta”, reconoció Zepeda.
Rolando Paiz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expresó que la situación de los puertos es crítica, lo cual afecta al país.
“Para Agexport es importantísimo que la terminal de contenedores entre a funcionar . Es vital para la competitividad del país”, afirmó Paiz.
Matus enfatizó que lo que no se aprueba es la forma ilícita del contrato, pero que la inversión es necesaria, ya que Puerto Quetzal no ha evolucionado desde 1982.
Priorizar beneficio
El Gobierno debe tomar una decisión apegada a la Ley, pero que no afecte la actividad económica del país, apuntó Zepeda.
Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, detalló que no hay manera de ser competitivos con el sistema actual, que genera problemas y atrasos para la productividad del país.
“El presidente debe dejar el discurso y pasar a los hechos”, manifestó.
Paiz dijo que el proceso legal debe continuar, porque la TCQ reducirá la corrupción y malas prácticas en los puertos.
El vicepresidente Jafeth Cabrera comentó el viernes último a otros medios que TCQ busca que se le reconozcan daños económicos; pero, según expresó, esa firma puso sus condiciones, y que el Ejecutivo podría declarar lesiva la concesión de terrenos de la Portuaria Quetzal.
TCQ comenzaría operaciones en dos semanas. Ya prueba grúas, y solo espera autorización.
