La semana pasada el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció que practicar pruebas de ADN a los menores de edad de Honduras y El Salvador que vienen con sus padres a Guatemala era una opción que se analizaba como una estrategia para combatir el tráfico de niños y niñas que son llevados a EE. UU por bandas delincuenciales.
No obstante, grupos promigrantes consideran esta medida impráctica e innecesaria puesto que la cantidad de menores que viajan con adultos que no son sus padres es “mínima”. Por lo menos así lo afirma el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante.
Verzeletti precisó que de más de 15 mil migrantes que ha atendido la institución este año, han detectado “si mucho un par” de casos en los cuales hubo suficientes sospechas de que adultos llevaban a menores que no eran sus hijos, y de estos se alertó a los consulados respectivos.
“En la Casa del Migrante entrevistamos y cuando vemos alguna inseguridad o sospecha de que los menores no viajan con sus padres y que viajan en grupo coordinamos con consulados o embajadas”, puntualizó Verzeletti.
El sacerdote expuso que Guatemala hoy en día no tiene la infraestructura adecuada “ni para identificar a las víctimas de la violencia común”, por lo cual esta medida “es solo una excusa para detener a todas las personas de Centroamérica y deportarlas a sus países y poner fin al CA-4”.
Y es que, aunque los gobiernos del Triángulo Norte firmaran un acuerdo con EE. UU. hoy, implementar las pruebas de ADN sería un proceso dificultoso.
Proceso complejo
El director de la organización Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, explicó que la complejidad de una medida de ese tipo radica en que no se tiene claridad de lo que se buscaría con estas pruebas porque, cuando los niños van con sus padres y estos tienen documentos que demuestren su parentesco no hay necesidad de hacer ningún análisis y nadie puede obligarlos ya que es una prueba voluntaria.
Pero si se trata de hacer una prueba de ADN a los menores no acompañados, añadió Dubón, debe haber alguna representación de los países de origen de estos que autorice el examen, pero el problema es ¿Contra quién lo cotejan? Si el menor viaja solo.
Dubón coinciden con que en Guatemala no hay las condiciones necesarias para implementar estas pruebas con una gran cantidad de personas.
“Guatemala no tiene ahorita las condiciones. Tendría que invertir mucho. Primero, cuidar el ámbito legal, luego una infraestructura básica. No es solo de decir, ‘lo vamos a hacer’. El país no ha tenido la capacidad de desarrollar su propia base de datos de víctimas mucho menos va a poder desarrollar (atender) una demanda tan alta”, señaló Dubón.
Para el experto, hacer pruebas de ADN sin respetar los parámetros internacionales puede ser ilegal y violatorio de los derechos humanos y que serían innecesarias si los padres y sus niños viajan con documentos legales.
“Es un planteamiento que se hizo muy rápido y sin pensar en toda la estructura y mecanismos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos de los niños y niñas”, puntualizó Dubón, quien; no obstante, reconoció que puede que haya aumentado la cantidad de menores que viajan a EE. UU. en manos de coyotes.
Sin embargo, para Verzeletti, implementar pruebas de ADN es solo una excusa para criminalizar las migraciones y detener el flujo migratorio que, para los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua es libre en estos países.
No son rápidas
Las autoridades, de llegar a un acuerdo, tendrían que aclarar cuánto tiempo les tomará hacer estas pruebas.
Marco García, analista de genética forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, expuso que en esa institución ofrecen el servicio de pruebas de ADN para comprobar la filiación entre personas, pero que los resultados de estas se dan en un mes, por el tiempo que se lleva el proceso técnico-científico y el administrativo.
Solo la obtención de las muestras, su procesamiento y revisión, y la comparación de los perfiles genéticos lleva por lo menos 15 días, indicó.
García precisó que, en la Fundación, institución de carácter no lucrativa, un examen de ADN de este tipo cuesta Q2 mil, y aunque en países como EE. UU. hay otras organizaciones sobre todo privadas que ofrecen los resultados en el mismo día el costo aumenta exponencialmente.
Agregó que cualquier “proceso de identificación masiva” requiere de más tiempo que hacer solo una identificación de ADN, ya que se debe hacer muchas comparaciones y procesar volúmenes grandes de muestra para lo cual se requiere no solo de equipo básico, sino también de softwares especializados.
Tampoco para asilo
Los grupos de derechos humanos y promigrantes también han señalado la incapacidad de Guatemala para convertirse en un tercer país seguro, el otro gran tema a discutirse este miércoles entre las autoridades de seguridad del Triángulo Norte y de EE. UU.
Analistas aseguran que la medida no tiene ninguna lógica por las condiciones socioeconómicas del país.
Los expertos señalan que Guatemala, un país de origen de la migración, no ha sido capaz de reducir las causas que generan la migración como la pobreza y falta de empleo, por lo cual una medida de ese tipo es “ilógico”.
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