“Lo que necesitamos es que se investigue, es una ridiculez que se pueda decir una cosa de esas”, respondió Pérez Molina consultado por periodistas sobre el testimonio del colaborador.
En un audio filtrado a medios de comunicación local la semana pasada, Monzón dijo que la comisión por el usufructo de la TCQ, ubicada en Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla era de 30 millones de dólares.
“Es falso”, enfatizó el expresidente, y agregó que “hay que buscar los antecedentes de los colaboradores eficaces”.
A la audiencia de primera declaración también están citados, además de Pérez Molina y Baldetti, otros nueve detenidos, entre ellos el director general de TCQ, el empresario español Juan José Suárez.
Señala a Pérez y Baldetti
El testimonio de Monzón estaba en reserva, pero el pasado 20 de abril el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, levantó el secreto de la declaración del exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada con el caso.
Explicó a Gálvez que conoció del proceso para entregar el usufructo a TCQ por órdenes de su jefa, quien a finales de diciembre del 2012 lo envió a la zona 10 a visitar a Guillermo Lozano, piloto aviador que financió la campaña del Partido Patriota del año anterior, quien se habría encargado de controlar las funciones de la EPQ por instrucción del entonces presidente Otto Pérez Molina, aunque no era quien fungía como interventor.
Señaló que Baldetti le dijo que Lozano debía apartarse de los funcionarios gubernamentales, porque en Honduras habían localizado cocaína en un helicóptero a nombre de su empresa.
El colaborador aseveró que Marroquín y Schwank le presentaron al español Juan José Suárez, administrador de TCQ, y este le pidió hablar con Pérez Molina, a quien le presentaría las comisiones específicas que daría la entidad a cambio del usufructo.
Monzón reportó esas conversaciones a Baldetti, y ella le dijo: “Mirá, yo creo que son de US$30 millones”.
Monzón indicó que se volvió a reunir con Suárez, y este le mostró un cuadro de pagos que señalaba cómo se distribuiría la referida suma: US$500 mil para gastos emergentes, US$24.5 millones para el socio local —que podrían ser los exfuncionarios encartados— y US$5 millones para el grupo de argentinos, entre quienes se contaría Mauricio José Garín.
