La corrupción es uno de los peores males que pueden afectar a las sociedades. En el Banco Mundial (BM) lo enfatizamos con frecuencia. Aun así, las recientes acusaciones sobre posibles prácticas fraudulentas entre el Gobierno y la empresa que recibió en usufructo la construcción y operación de una nueva Terminal de Contenedores en el Puerto Quetzal (TCQ) muestran lo extendido de aquel flagelo. Mientras las investigaciones siguen su curso, respondo a algunas preguntas legítimas que el caso ha generado. La primera es ¿cómo es posible que una institución como el BM pueda verse envuelta en esta situación?

El BM tiene tolerancia cero con la corrupción en sus operaciones. Sin embargo, han surgido acusaciones relacionadas con ese proyecto, en la cual invirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), institución del BM que apoya al sector privado. También se ha señalado que la entidad había sido advertida por organizaciones de la sociedad civil sobre el contrato. En este sentido resalto, como lo ha hecho la propia IFC, que las preocupaciones que se recibieron estaban relacionadas con la naturaleza jurídica y de procedimientos del contrato de usufructo. No estuvieron relacionadas con la situación que dieron a conocer el 14 de abril la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

De hecho, y tal como hemos comentado en los últimos días, en el BM estamos tan sorprendidos por las acusaciones como el resto de la sociedad guatemalteca, ya que esperamos de los gobiernos y las empresas clientes del banco y de IFC que se conduzcan con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. IFC y BM estamos en diálogo permanente con las autoridades del país, y compartiendo nuestra seria preocupación con la situación.

Muchos se preguntarán ¿qué medidas toma el BM en un caso como éste? Lo primero es recordar que la presunción de inocencia es una piedra angular del Estado de Derecho y en el BM lo tenemos presente. A pesar de ello, siempre que existe una sospecha fundada de corrupción, fraude o colusión en una actividad financiada por nosotros, ésta se traslada a la Oficina de Integridad del BM, una unidad independiente que tiene como propósito investigar señalamientos de corrupción en operaciones del BM, y en su caso proponer sanciones. Entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 recibió 323 denuncias, de las cuales 91 fueron seleccionadas para una investigación exhaustiva. Al conocerse las acusaciones contra el director general de TCQ, IFC remitió el caso a la Oficina para la investigación correspondiente.

Cualquier ciudadano tiene derecho de denunciar sospechas, y además ofrece la garantía de que su denuncia puede permanecer en el anonimato y aun así será investigada. Asimismo, las alegaciones de corrupción o fraude pueden referirse al personal del BM, funcionarios públicos y compañías privadas. La lucha contra la corrupción debe continuar. Es una prioridad para nosotros y también debe seguir siendo una prioridad en Guatemala, porque más allá de la injusticia social que provoca, tiene efectos negativos vinculados con el desarrollo, pues cada quetzal que se pierde en corrupción es un quetzal que se le quita a una mujer embarazada que necesita atención, a un niño que merece educación y a una comunidad que necesita agua, caminos o escuelas. Por ello, nos comprometemos a intensificar los esfuerzos para apoyar al país en su lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

* Director del Banco Mundial para Centroamérica