Brasil y Venezuela atraviesan una seria crisis política, sin embargo la gravedad de la crisis política en los dos países no es comparable. En Brasil, el estado de Derecho y la Constitución son respetados. La independencia de los poderes del Estado es evidente. Un Poder Judicial que logra enjuiciar a decenas de políticos de diferentes partidos, particularmente a los miembros del partido de gobierno, incluyendo al expresidente Lula, a algunos de los empresarios más importantes del país, como Marcelo Odebrecht, y al principal asesor electoral del PT, Joao Santana, produce una sana envidia. El enjuiciamiento de la presidenta Rousseff puede ser discutible políticamente, pero sigue escrupulosamente el proceso previsto en la Constitución. En Venezuela, en cambio, la Constitución es violada descaradamente por el Gobierno, respaldado por un Tribunal Supremo de Justicia nombrado inconstitucionalmente el 23 de diciembre, después de la abrumadora derrota electoral del Gobierno, en las elecciones parlamentarias, por una Asamblea Nacional ya “moribunda” y sin legitimidad democrática, por vía “exprés”, sin respetar el procedimiento legal y sin tener buena parte de los magistrados los requisitos del cargo.

En América Latina, a finales de los años 1990 e inicios del siglo, sopló un “viento de cambio” a partir de la elección de Hugo Chávez en Venezuela, seguida por la llegada al poder de los gobiernos de Lula, los Kirchner, Correa, Ortega y Morales, entre otros. Con sus diferencias, la izquierda populista, más o menos radical, surgió como una ola en la región. A partir del final del 2015, un nuevo “viento de cambio” está soplando en el continente. La elección del gobierno Macri y el debilitamiento del peronismo radical en Argentina, la derrota de Evo Morales en el reciente referéndum en Bolivia, la pérdida, después de 12 años, de la Alcaldía de Bogotá por parte de la izquierda, la renuncia de Rafael Correa a participar en la próxima contienda presidencial en Ecuador, la abultada derrota electoral del “chavomadurismo” en Venezuela y la apertura de las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Cuba, con sus lentas, pero previsibles, consecuencias económicas y políticas, a mediano plazo, representan evidentes síntomas de un cambio de rumbo político en América Latina. Pero el final del gobierno de Dilma Roussef en Brasil sería un verdadero terremoto político continental. El próximo 11 de mayo bastará que, por lo menos 41 de los 81 senadores, voten a favor del “impeachment”, para que el vicepresidente Michel Temer asuma la Presidencia provisionalmente hasta completar el juicio en el Senado. Por un corto tiempo, la crisis política brasileña distrajo la atención internacional de la crisis venezolana, pero para el gobierno de Maduro la salida de Rousseff y del PT del Gobierno, conjuntamente con el considerable deterioro de la imagen del expresidente Lula y el previsible cambio de rumbo de la política exterior del Brasil, significarían una verdadera “catástrofe” política. Recordemos que los gobiernos de Lula y Rousseff han sido los aliados fundamentales del chavismo. El decidido apoyo del gobierno brasileño, en conjunción con el de los Kirschner en Argentina, ha sido el escudo fundamental para “esquivar” las críticas de la comunidad internacional democrática por las violaciones a los derechos humanos y la conducta crecientemente antidemocrática del gobierno venezolano. El apoyo continental a Maduro se reduciría a los debilitados Morales y Correa, al impresentable Ortega, a Cuba y algunos países insulares del Caribe, dependientes del decreciente financiamiento venezolano de la factura petrolera.

@sadiocaracas