Tres temas hechos públicos ayer acapararon la atención, por lo inusitado y porque son precedentes: el pago de Aceros de Guatemala de la suma de 782.9 millones de quetzales al fisco, por impuestos no cancelados y sus multas; el aparecimiento en los Papeles de Panamá de una empresa fuera de plaza para proteger los dineros de una iglesia evangélica, y la decisión de una empresa agrícola de reponer los daños causados al medioambiente y a una comunidad situada en la provincia.

El multimillonario pago hecho por la empresa siderúrgica, como consecuencia de las acciones realizadas con el objetivo de elusión de impuestos, constituye la multa más alta de la historia nacional y debe ser considerada como un paso muy importante en los esfuerzos para normalizar la situación económica del país por medio del correcto pago de los tributos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó ayer que la brecha fiscal de 432 millones de quetzales ya puede ser cubierta con ese pago.

Para entender la magnitud de esa suma, baste indicar que equivalen a gastar un millón de quetzales diarios durante 12 años y dos meses, o a un salario de un millón de dólares al año por 10 años, de 78 ejecutivos de alto nivel. Es necesario tomar esto en consideración para entender la magnitud del caso, localizado en uno de los campos de acción de la actividad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

También demuestra la validez del argumento de quienes creen que en Guatemala no es necesario decidir el aumento de impuestos, sino tomar las acciones para cobrar de manera debida los ya existentes. No sería lógico pensar que el caso hoy comentado sea el único, por lo que las investigaciones deben continuar. Por aparte, es importante indicar que un porcentaje considerable de empresas de cualquier tamaño cumplen con sus obligaciones impositivas, por lo que no es adecuado identificar e igualar al concepto de ser empresario con la definición de evasor de impuestos.

El caso de la empresa fuera de plaza, que desde hace varios lustros tiene la iglesia evangélica El Shaddai, se acerca al tema de la corrección y la ética con la que se deben manejar los fondos de las instituciones religiosas, pero además se complica el asunto porque sus dirigentes son clientes del bufete panameño Musack Fonseca. Si bien no necesariamente una empresa de este tipo significa acciones ilegales, el hecho de que se mueva en el campo de la religión constituye una fuente de justificadas dudas acerca de las razones y motivos.

En el tema ecológico, no parece tener precedente que una empresa decida reparar el daño a ecosistemas específicos, como es el caso de los manglares, de enorme valor e importancia, tanto directa como indirecta, para las especies y también la subsistencia humana. Los tres temas de hoy dan para discusiones, porque son varios los puntos de vista desde los cuales se les puede ver. Eso sí, tienen en común el indudable hecho de que son avances en campos que hasta hace muy poco no eran pensables siquiera, pero que comienzan a aparecer en Guatemala, como lo hacen en la mayoría de países del mundo.