No provino de ninguno de los sindicados, y sí de alguien que querría “poner limitaciones” a su trabajo, admitió.
Tampoco dio mayores detalles, porque consideró que hacerlo entorpecerá la investigación que, aseguró, ha comenzado.
“Las autoridades ya la conocen y tengo entendido que ya están investigando, por eso es que en determinado momento no puedo extenderme más allá porque en todo caso puede limitarla”, precisó.
“Siempre existe ese sentimiento en la profesión”, respondió al preguntársele si teme por su vida.
Las declaraciones se produjeron durante un receso convocado por Gálvez en medio de la audiencia de primera declaración de dos sindicados más por el caso La Línea.
Las medidas de seguridad serán redobladas a favor del profesional, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rafael Rojas.
Además, se extremará la seguridad en el ingreso a la Torre de Tribunales y al Palacio de Justicia, indicó.
“No aceptamos ninguna intimidación o coacción o cualquier acción que impida el desarrollo de sus actividades”, añadió. Alerta de atentado Las alarmas también se encendieron por los mensajes de un probable atentado que podría ser perpetrado por pandilleros y que llegó a las autoridades.
El ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas, recibió la alerta el lunes. “Obtuvimos información de que se confabulaba un atentado en contra de él y que iba a ocurrir en el interior de la Torre de Tribunales. Inmediatamente me puse en contacto con el jefe de seguridad del Organismo Judicial”, afirmó.
“El problema de la justicia es que uno nunca queda bien con las partes”, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B.
La única pieza que no encajaba era que las amenazas provenían de los pandilleros capturados la semana pasada durante un gigantesco operativo contra las extorsiones.
El proceso por este caso comenzó ayer en el Juzgado de Mayor Riesgo C, presidido por Víctor Herrera. De igual forma, era una intimidación que no podía desecharse, se indicó.
“Coordinamos que se incrementara un esquema de seguridad, especialmente en la judicatura de Gálvez”, detalló el ministro Rivas. Con menos seguridad El presidente de la Asociación de Jueces, Mario Taracena, afirmó que no es Gálvez el único operador de justicia que recibe amenazas.
“A algunos jueces el Ministerio de Gobernación les ha retirado la seguridad o hacen cambios sin previo aviso”, explicó Taracena.
La Asociación de Jueces presentó estas denuncias al encargado de seguridad del Organismo Judicial.
“Las medidas de protección deben ser integrales y extenderse a su familia y al personal del juzgado”, agregó.
El Ministro de Gobernación, sin embargo, dijo desconocer las quejas relacionadas con esta falta de protección.
“No tengo conocimiento. Desde el primer día de labores instruí al Director de la Policía Nacional Civil para hacer un nuevo análisis de riesgo de quienes gozaban de protección. Hay personas que tienen esquemas de seguridad robustos y que no la necesitan”, comentó.
Diputados y exfuncionarios tienen hasta una decena de agentes sin justificación y desde hace años forman parte de la lista. “Esta circunstancia nos ha obligado a hacer una nueva revisión de los esquemas de seguridad”, aseguró el jefe de la cartera del Interior. Casos emblemáticos
- Llevó el caso del asesinato de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
- El proceso por la muerte de Rosenberg también pasó por su judicatura.
- Conoció la causa formulada contra Eduardo Villatoro Cano, acusado de la masacre cometida contra los policías de Salcajá, Quetzaltenango.
- A su cargo estuvo el proceso de la red Pavón, en el que se implicó a Byron Lima.
- Elevó a juicio la causa por genocidio contra Efraín Ríos Montt.
- Conoció en primera etapa el caso Aceros de Guatemala, del que se inhibió.
- Es el juez que conoce la defraudación de La Línea.
- La semana pasada, resolvió enviar a prisión a los implicados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
