Los altisonantes señalamientos cruzados entre los presidentes Jimmy Morales y Mario Taracena son el resultado de los cuestionables y criticables cambios que el Congreso de la República hizo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ambos se colocaron en posiciones lamentables, ya que la primera se puede calificar de populista y demagógica, y la segunda de un nefasto e insano aprovechamiento político partidista que no beneficia a la forma correcta de las elecciones.

Al decir el mandatario Morales que no la aprobará porque no representa el sentir popular y por ello pide el apoyo del pueblo, se coloca en una posición poco defendible, porque debe cumplir con los procedimientos. Tales palabras fueron interpretadas por el presidente del Legislativo como prueba de que el gobernante intenta beneficiar al grupo de medios de radios y televisión abierta, donde trabajó muchos años y que ahora utiliza para dirigirse al país y de donde provienen sus colaboradores en el aspecto de la comunicación.

Por su parte, la posición de Taracena demuestra su evidente interés porque entre a la vida legal una ley que tiene cambios impopulares, por decir lo mínimo, como aumentar el número de diputados, permitir que los partidos nombren candidatos a parientes o cónyuges en el Congreso, impedir que el Tribunal Supremo Electoral sea querellante adhesivo de los delitos de los partidos, no autorizar la elección uninominal, en vez de hacerlo por el inconveniente sistema de listados, y mantener el nepotismo, entre otras muchas inconsecuencias con la verdadera democracia.

Es evidente que la ley, de la manera como fue aprobada en el Congreso, contribuirá a aumentar el deterioro de la confianza ciudadana en los procesos políticos, sobre todo electorales, en los cuales es fundamental la información independiente. En este aspecto encajan las encuestas, que cuando son realizadas de manera profesional permiten a los medios de prensa informar de la realidad de las tendencias de voto. Esto afecta a los políticos inescrupulosos que engañan a los financistas.

Lo procedente, sin asomo de duda, es convocar a una discusión técnica por medio de la aplicación de los mecanismos para hacer a un lado aquellos cambios inconvenientes por alguna o varias de las razones indicadas. El sistema democrático depende de reglas no solo claras, sino que dificulten las manipulaciones que ha sufrido el sistema de partidos políticos. Debe detenerse su proliferación exagerada y falta de bases ideológicas, así como su calidad de agrupaciones electoreras, cuyo fin real es el enriquecimiento ilícito descarado y la defensa de oscuros intereses personales que explican el increíble nivel del execrable transfuguismo.

Lo ocurrido con la Ley de Partidos Políticos debe encender las alarmas sobre la certeza de que el Congreso actuará, predeciblemente, a las espaldas de los intereses nacionales. Esto debe tomarse en cuenta para que en el caso de las propuestas a reformas al articulado constitucional exista una presión social lo suficientemente fuerte para que estas no sean manoseadas. Esa preocupación tiene amplias y justificadas bases, porque si no se eliminan las lacras políticas, el país continuará en un camino a la ingobernabilidad.