Investigadores que participaron en el operativo detallaron que hay pruebas que evidencian la forma en que la mina sigue operando desde hace varios días, y de como los trabajadores han trasladado costales con los valiosos minerales de las bodegas, todo esto antes de que se efectuara la aprehensión de los cuatro hombres.
Involucrados en el operativo del pasado 9 de mayo sospechan que al finalizar las diligencias San José del Golfo, pudo haber inherencia de autoridades de distintas instituciones, incluso de Goberación para que otros allanamientos ya no se llevaran a cabo, pues aseguran que al día siguiente, a pesar de tener todo listo para ingresar a varios lugares donde se ocultan más costales con oro y plata, a ultima hora el operativo se detuvo porque no se autorizaron los allanamiento.
Los entrevistados, manifestaron que incluso temen ser removidos de sus puestos, por haber efectuado el operativo el dia 9.
Oro y plata
El 9 de mayo pasado fueron detenidos Wilder Nain Sandoval Revolorio de 31 años; Edwin Rubén Véliz Díaz, 23; Miguel Ángel García, 46; y Julio Macario Valle,30, fueron sorprendidos cuando salían de una bodega a bordo de un picop en el cual transportaban 19 costales con los minerales.
Prensa Libre tuvo acceso al informe del operativo de ese día, según el reporte, técnicos de Control Minero de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, revisaron uno de los costales y explicaron que el material encontrado contenían concentrado de mineral de oro y plata. Los técnicos tomaron una muestra para tener resultados de laboratorio.
Según el expediente, todos los costales con el material fueron enviados a las bodegas del Ministerio Público.
El fallo
La Corte de Constitucionalidad de forma unánime rechazó una apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo que reiteró la suspensión de operaciones de la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, situada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
El fallo indica que el MEM debe consultar a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, si están de acuerdo o no, con las operaciones de la empresa.
Con la resolución se confirmó el amparo otorgado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de noviembre del 2015.
Le corresponderá a la CSJ accionar contra la empresa, si recibe denuncia que se compruebe de que las operaciones no fueron suspendidas.
