El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
Capriles, quien encabeza el pedido de referendo revocatorio contra Maduro por parte de la oposición, consideró que esta orden del presidente venezolano “es absolutamente nula, este es un decreto inconstitucional. Y Maduro no está por encima de la Constitución”.
Por ello, propuso que “si Maduro pretende insistir con este decreto, que el país desconozca este decreto”, pues asegura que los ampara la Constitución ante una medida que “se presta para cualquier cosa”.
Capriles incluso retó al presidente a que si quiere aplicar su decisión “que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque tendrá que aplicarlo por la vía de la fuerza”.
El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno” y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.
Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” y promueve la “interrupción del período” de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
“Si la Asamblea Nacional rechaza este decreto muy probablemente nos tocará a nosotros los venezolanos, si se insiste en la vigencia de este decreto, de hacer caso omiso a este decreto”, dijo Capriles en una entrevista radial.
La mayoría opositora en el Legislativo debatirá el martes la medida, con la que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
La Asamblea tratará el decreto, como ordena la ley, aunque se da por descontado que lo rechazará, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , al que la oposición acusa de ser un apéndice del Gobierno.
“Todos los actos que consideramos que son nulos al violentar la Constitución (…) por este decreto no los atendamos”, señaló Capriles.
El gobernador del estado Miranda reiteró su convocatoria a una movilización el miércoles hacia la sede central del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, para exigirle celeridad en la validación de unas firmas presentadas para activar el revocatorio.
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno a “ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público”.
El oficialismo anunció que negará el permiso a esa marcha, lo que pondría a prueba el estado de Excepción.
Capriles, que lidera la propuesta de revocatorio, perdió por un estrecho margen la elección presidencial del 2013 contra Maduro, a quien llama “ilegítimo”.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario.
