Guatemala

Tribunal ordena intervenir farmacias de La Comunidad

El Tribunal Décimo Tercero Penal ordenó este martes la intervención de las farmacias de La Comunidad por defraudación tributaria, informó el Ministerio Público (MP).

La fiscalía de delitos económicos dio a conocer que el monto defraudado por farmacias de La Comunidad equivale a Q5.8 millones más multa del cien por ciento de los intereses resarcitorios. En total el monto a pagar al fisco asciende a unos Q25 millones.

El MP detalló que la intervención de la cadena de farmacias se decidió luego de una sentencia emtida por el Tribunal, para garantizar el pago de lo defraudado. 

La fiscalía explicó que fue un largo litigio en el cual fueron presentados seis amparos que buscaban obstaculizar la acción penal. 

Según el MP entre los medios de prueba se logró determinar que había proveedores y direcciones inexistentes. 

Empieza juicio

El 18 de febrero de 2015 comenzó el juicio contra el representante legal de farmacias de la Comunidad, Héctor Escobedo Salazar.

El proceso legal empezó porque, según las investigaciones, de julio de 1999 a 2000 se presume que defraudó al fisco por Q5 millones 867 mil.

La defraudación la habría realizado mediante dos empresas inexistentes con las que se subcontrataba y emitía facturas falsas.

Durante el comienzo del juicio se informó que, de 2000 a 2015, los intereses que generó la cantidad defraudada superaban los Q24 millones.

Sentencia

El monto original de lo defraudado fue de Q5 millones 865 mil 292.97, pero la suma se elevó  al agregar las multas y los intereses resarcitorios.

En este caso fue acusado Héctor Arnoldo Escobedo Salazar, representante legal de Farmacias de la Comunidad, por los delitos de defraudación tributaria, según consta en el expediente judicial.

Los delitos

El Tribunal cambió la calificación del delito porque consideró que las acciones emprendidas por Escobedo, “quien firmó declaraciones de impuestos soportadas con facturas con inconsistencias”, encuadran en el delito de encubrimiento propio, y lo condenó a un pago de Q5 mil.

La sentencia será apelada, aseguró el fiscal Andrei González, quien dirigió la investigación.

Proveedores y direcciones inexistentes, además de  otro abastecedor que no reconoció transacciones comerciales con la cadena, y auditorías forenses fueron parte de las pesquisas.

La judicatura ordenó la investigación contra el actual representante legal y socio mayoritario de la cadena, Rodolfo Luna del Pinal.

Este empresario  ha sido identificado como  amigo cercano del expresidente Otto Pérez Molina, quien está actualmente en prisión.