Guatemala
Deben regresar a prisión 10 <em>negociantes de la salud</em> ordena Cámara
La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala decidió hoy dejar sin efecto las medidas sustitutivas otorgadas a 10 implicados en una red de corrupción en el Seguro Social, denominada “negociadores de la salud”, por lo que deberán ingresar a prisión provisional.
La red fue desmantelada por el Ministerio Público y la Cicig el 27 de octubre de 2015. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En noviembre de 2015, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Mélida Vásquez, decidió imponer, entre otras medidas sustitutivas, arresto domiciliario, una “caución económica” de 35 mil quetzales (unos 4.500 dólares) y la prohibición de salir del país sin autorización a 10 de los implicados.
Entre ellos se encontraban el director del hospital de enfermedades generales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) , Roberto Francisco Estrada Morales, el director del hospital Juan José Arévalo, Carlos Enrique Palma Carranza, y el jefe de la unidad financiera de ese centro médico, Marcelo Noguera Sagastume.
Asimismo, se beneficiaron el funcionario del IGSS, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, y los proveedores de medicamentos Mateo Ramazzini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque, Hugo René Navas Bonilla y César Estuardo Hernández Monroy, acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Estas medidas sustitutivas también fueron aplicadas a Juan Carlos Umaña Velásquez.
A los proveedores Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán se les confirmó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Con la decisión de la CSJ, tras el amparo presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los 10 implicados deberían regresar a prisión preventiva, informó la entidad liderada por Iván Velásquez en un comunicado.
Según las investigaciones, la red, conformada por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y particulares, buscaba favorecer a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones.
La red “negociadores de la salud” fue desmantelada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 27 de octubre de 2015, cuando fueron detenidos los implicados.
Sin embargo, queda pendiente de captura uno de ellos, Gustavo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2102).
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