En la sentencia, divulgada la noche del jueves, la Corte considera que el estado de Excepción se justifica por la necesidad de “proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”.
El Parlamento venezolano, dominado por la oposición, rechazó el martes el decreto de Maduro de estado de Excepción, alegando que constituye “una concentración de poderes”.
Los diputados consideraron que el decreto “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela”, y además “representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República”.
No obstante el Tribunal Supremo, al que los opositores acusan de estar al servicio del gobierno chavista, decidió en su sentencia del jueves que la Asamblea Nacional actuó de forma “inconstitucional e írrita” en su acuerdo de rechazo al decreto, dictado el 13 de mayo y con vigencia de 60 días.
El líder de la oposición, Henrique Capriles, llamó a los venezolanos a desacatar el estado de Excepción, y planteó a los militares a que decidan “si están” con la Constitución o con Maduro.
Entre las justificaciones del decreto, el Gobierno indicó que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” y promueve la “interrupción del período” de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
El miércoles la oposición, retando la orden presidencial, marchó en las calles de casi todos los estados del país exigiendo que se avance en el revocatorio, con encontronazos entre la policía y los manifestantes en cinco de las protestas, y que dejaron al menos treinta personas detenidas.
“Carta Democrática”
El opositor Parlamento venezolano solicitó formalmente el jueves al Secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocar la Carta Democrática Interamericana, llamando al abordaje regional de la crisis en ese país “antes de que sea demasiado tarde”.
“Urgimos su actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, antes de que sea demasiado tarde”, señaló la directiva de la Asamblea Nacional venezolana -todos miembros de la coalición opositora MUD- a Almagro en una carta dirigida a la cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA) .
Según la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la “vulneración” en Venezuela de “los elementos esenciales” de la democracia y el agotamiento de iniciativas internas de dialogo justifican invocar la Carta Democrática, un mecanismo que puede activar la OEA en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados integrantes.
La “situación en Venezuela es de un deterioro sin precedentes y de tal gravedad que en los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos”, indicó el Parlamento en la misiva de tres páginas.
Venezuela atraviesa una profunda crisis: choque institucional entre gobierno y oposición, mientras en la calle los ciudadanos viven con escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y cortes recurrentes de agua y electricidad.
El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido, se reunió en Washington con Almagro, a quien le entregó la misiva y un “extenso” informe sobre la situación venezolana que el secretario general de la OEA había solicitado a una comisión parlamentaria que lo visitó hace tres semanas.
“Si no se le abre a Venezuela una válvula de escape a la grave crisis, evidentemente pueden ocurrir situaciones que nadie desea ni espera”, dijo Florido luego del encuentro a periodistas en la sede de la OEA, en la capital estadounidense.
“Los países están cambiando”
Almagro deberá expresar su decisión “entre días y semanas” en un informe que presentará al Consejo Permanente, dijo su portavoz, Sergio Jellinek.
Según el artículo 20 de la Carta Democrática, el Secretario General puede convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación en un país en caso de una grave “alteración” del orden constitucional y democrático de un país miembro.
Pero Venezuela ya ha adelantado que se opone.
En declaraciones al Consejo Permanente de la OEA hace dos semanas, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó que su país viva un “colapso financiero” y denunció en cambio un “boicot” internacional para “subvertir el orden constitucional”.
Rodríguez acusó a Almagro de estar al servicio de la oposición y del gobierno de Estados Unidos, negando que la Carta Democrática pueda invocarse sin la aprobación de Caracas.
En caso de invocarse la Carta, los países podrían entonces decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países integrantes, la realización de gestiones diplomáticas para buscar soluciones a la crisis.
Florido no quiso decir qué tipo de apoyos esperan obtener en la OEA, pero especuló sobre una erosión de las alianzas del gobierno venezolano en el principal foro regional.
“El sistema interamericano está cambiando, los países están cambiando, conocen de la crisis venezolana (…) Esperamos su respuesta”, apuntó.
Incluso no se descarta que Almagro eleve la situación de la democracia venezolana al debate regional, aún sin garantías de tener el apoyo de los países.
“Independientemente de los votos a favor o en contra, si (Almagro) está convencido, va a ir al Consejo Permanente”, dijo Jellinek.
