“La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”, reza ese artículo constitucional.
En la propuesta de reformas presentada por el presidente del Organismo Ejecutivo, Jimmy Morales; el del Legislativo, Mario Taracena, y el del Judicial (OJ), Ranulfo Rojas, se elimina la parte de “exclusividad” de la CSJ.
Se agrega el párrafo: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.
Puntos en contra
El problema, señaló Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, es que la propuesta establece múltiples jurisdicciones que competirían con la CSJ y los tribunales.
“Consideramos que se pretende establecer un sistema paralelo de justicia, basado en usos y costumbres, procedimientos y normas originadas de autoridades de pueblos indígenas”, afirmó el empresario.
Agregó que en el país existen 23 comunidades indígenas que se extienden en varios departamentos, entre los cuales mencionó Huehuetenango, Petén, Izabal, Chiquimula, Quiché y Zacapa.
“La propuesta dice que, con base a usos y costumbres de los pueblos indígenas, cada una de estas comunidades podrían tener autoridades, a las cuales habría que someter los problemas jurídicos relacionados con temas mercantiles, civiles, penales, laborales, administrativos, militares y de cualquier índole”, precisó Briz.
Advirtió de que cada comunidad tendría sus propios usos y costumbres, que no son leyes escritas, lo cual significaría, a la vez, que las autoridades indígenas serían “legisladores y juzgadores”, con normas “totalmente desconocidas por el resto de la población”.
Otros integrantes de la Cámara, como Alfredo Skinner-Klee, vicepresidente, y Guillermo Castillo Reyes, director ejecutivo, señalaron que también se vulnera el artículo 4 constitucional, que establece que todos los seres humanos en Guatemala son libres e iguales en dignidad y derechos.
Briz añadió que la Cámara de Comercio también se opone a la iniciativa 3946, ley de jurisdicción indígena, que se conoce en el Congreso. “Es un tremendo error en nuestra vida institucional y democrática, con consecuencias impredecibles, un enfrentamiento y va a crear falta de certeza jurídica”, señaló.
Solo es propuesta
Jimmy Morales escuchó el rechazo de los empresarios, durante una convención con las filiales departamentales de la Cámara de Comercio.
“Excelente la manifestación de ustedes, porque ese es el punto. Usted mencionó la palabra clave, son propuestas, no son leyes”, respondió el mandatario.
Aunque no es una contrapropuesta específica a la polémica, la cámara empresarial propuso la creación de consejos de seguridad municipales, en los que la sociedad civil participe junto a las autoridades locales, Policía, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público y otras instituciones, en la búsqueda de soluciones a la inseguridad.
Édgar Celada, analista de justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, comentó que la postura de la Cámara de Comercio denota “un gran prejuicio” y desconocen que Guatemala es un pueblo muy diverso.
“Lo que denoto en esa posición es el estado ladino patriarcal que se niega a reconocer el derecho de los pueblos indígenas. Se necesita apertura de mentalidad”, manifestó Celada.
