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El consulado en Tuxtla, Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, es un ejemplo de ese aumento en los últimos meses.
“Como consulado, en nuestras estadísticas ha aumentado un 200 por ciento”, expuso Osiel Salcedo, cónsul de Guatemala en Tuxtla.
El funcionario precisó que antes del cambio de políticas migratorias en México, el Consulado atendía por semana de 150 a 200 guatemaltecos y que el número han llegado a hasta 500 personas.
Cada proceso de aseguramiento implica que el Consulado de Guatemala debe entrevistar al migrante para saber en qué condiciones están, luego documentarlo y brindarle asesoría para su proceso de repatriación.
Salcedo destacó que trabajan coordinadamente con las autoridades mexicanas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos.
Por ejemplo, citó que a petición del Consulado autoridades mexicanas facilitaron un albergue “con mucha capacidad de personas” hacia donde son enviados la mayoría de los guatemaltecos, lo cual ha evitado el hacinamiento en la estación migratoria de Tuxtla que apenas tiene capacidad para 80 migrantes.
En tanto, la atención a guatemaltecos en la sede consular en Comitán de Domínguez, también en Chiapas, aumentó un 50% en comparación con el 2018, por lo cual se piensa instalar ventanillas de atención en cada municipalidad para agilizar la atención, aunque esta propuesta está aún en discusión con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En su página de Facebook el referido consulado calificó de “falta de responsabilidad” y “preocupante” que un grupo de 59 guatemaltecos, entre ellos varios bebés y niños, pasaron seis días detenidos sin que tuvieran acceso a atención consular.
Más riesgo
Organizaciones humanitarias expresan que las medidas restrictivas de los gobiernos no impedirán de ninguna forma la migración de familias centroamericanas porque para miles de ellos migrar es cuestión de sobrevivencia, por lo cual una de las principales preocupaciones es que, con el afán de pasar desapercibidos, los migrantes se internarán por rutas más riesgosas.
“Nos preocupa que los migrantes van a correr más riesgo, van a buscar otros puntos y más peligrosos. Van a haber más extorsiones y corrupción”, señaló Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana.
Añadió que el coyotaje ha sido una “industria” en la cual hay engaños, mentiras y desinformación por lo cual mientras más restricciones haya, ese negocio seguirá.
“Si quieren combatir el tráfico ilícito y la trata, los estados tiene que evitar que la gente salga como lo hace ahora”, subrayó Carbajal.
Eduardo Wolkte, defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, explicó que las rutas tradicionales que usan los migrantes regularmente están cerca de áreas pobladas, pero con las nuevas restricciones los indocumentados se verán obligados a transitar por áreas menos transitadas que están en control del crimen organizado, algunas de las cuales se dedican tanto al narcotráfico como a la trata de personas.
Para Wolkte el reforzamiento de las fronteras obligará a las personas “a buscar mecanismos para pasar los más desapercibido posible”, lo cual, al final de cuentas intentarán porque saben que buscan un lugar en el que “según el imaginario estarán mejor sea como sea y para muchos quedarse en su país significa la posibilidad de morir”.
Al respecto, el cónsul Salcedo confirmó que la ruta que atraviesa por el estado de Chiapas no era la más utilizada por los migrantes hasta antes de que se reforzaran los controles por el lado del pacífico mexicano en donde ahora hay múltiples operativos y controles para controlar la migración.
Suben costos
El aumento de los riesgos va de la mano con el alza de los precios por el “servicio” de coyotaje, según estiman los expertos.
Carbajal, por ejemplo, precisó que hoy en día se han dado abusos en la frontera Agua Caliente de Honduras, donde cobran hasta US$50 por trasladar por una ruta segura a un migrante hacia Esquipulas, un tramo de apenas 9 kilómetros.
Wolkte recordó que en el 2014 se estimaba el costo de un viaje con un coyote entre Q20 mil y Q25 mil, pero desde el 2015 cuando se comenzó a hablar del muro y de medidas de restricción el precio se duplicó y hoy en día hay testimonios de migrantes que han pagado hasta Q80 mil por un viaje.
“Los coyotes trasladan sus costos al usuario final que en este caso son los migrantes”, lamentó el defensor de las Personas Migrantes de la PDH, para quien el incremento “ha correspondido al recrudecimiento de las medidas de seguridad”.
Además, agregó, los costos suelen subir porque “la corrupción es parte de la forma de actuar de las redes de tráfico” que buscan autoridades que puedan sobornar y estas a su vez aumentan las tarifas para dejar pasar grupos de migrantes.
“La seguridad en la frontera va a llevar a que se incremente el costo. Con la seguridad pretenden desincentivar la migración, pero por el contrario han aumentado, no hay manera de detenerla”, expuso Wolkte.
Carbajal apuntó que los coyotes tendrán mayor demanda entre más rígidas se pongan las medidas de seguridad contra los migrantes.
Más deportaciones
La muestra de que las medidas restrictivas comienzan a dar resultados se observa en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM).
De enero hasta el 17 de junio pasado, el INM reporta la deportación a Guatemala de 69 mil 69 personas, el 66% de las cuales fue retornada entre mayo y junio, justo cuando comenzaron las medidas restrictivas implementadas por México.
Además, los últimos datos del Instituto Nacional de Migración de México (Inami), la cifra de deportaciones en México aumentó un 32.7 % en junio con respecto a mayo, pasando de 16 mil 507 a 21 mil 912 extranjeros devueltos por las autoridades a sus países de origen.
Retornos voluntarios
En tanto, el Gobierno de México comenzó este martes el programa de retorno voluntario para personas migrantes en el norte del país facilitando el regreso de 69 centroamericanos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El programa, que lo ejecuta la SRE en conjunto con la OIM, atendió a estas personas que solicitaron la repatriación voluntaria desde la fronteriza Ciudad Juárez.
De ellas 40 son de nacionalidad hondureña, 22 de nacionalidad guatemalteca y 7 de nacionalidad salvadoreña.
“Cabe mencionar que 66 de ellos pertenecen al grupo de personas retornadas por Estados Unidos a territorio mexicano por el puerto de internacional de Ciudad Juárez, tras haber solicitado asilo en ese país”, precisó en un comunicado la SRE.
Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase en junio pasado con poner aranceles a los productos mexicanos si México no frenaba el flujo migratorio, el país ha iniciado una serie de medidas para frenar el flujo migratorio.
Entre ellas, extremar la vigilancia de las fronteras norte y sur con miles de militares, procurar la generación de empleos en los países centroamericanos y aumentar el número de agentes migratorios.
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