El fenómeno afecta a unas 48 mil 500 personas en el país, en su mayoría adolescentes y niños menores de 18 años. Además, establece que parte del incremento se debe a esa participación de agentes estatales y porque Guatemala, además de ser promotor del flagelo, es utilizado como tránsito y destino de trata.
Unicef y la Comisión entregaron el informe titulado: Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Guatemala, al vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, en un acto público en la sede de la embajada de México.
Afecta más a menores
El documento contiene datos estadísticos a escala nacional, identificación de lugares, y personas que participan y contratan a las víctimas. Además, el trabajo de las instituciones responsables de erradicar, controlar y de dar atención a las personas afectadas, y por último una serie de recomendaciones.
Según las estadísticas, el flagelo afecta a 48 mil 500 personas, de las que unas 15 mil se identificaron en la ciudad capital. Asimismo, la mayoría son niños y adolescentes menores de 18 años.
“A muchos de los niños o personas las hacen trabajar 16 horas al día y brindan hasta 30 servicios”, aseveró Mariko Kagoshima, representante adjunta de Unicef.
Afirmó que las entrevistas y testimonios durante la investigación, permitieron conocer que funcionarios y empleados públicos colaboran con estructuras dedicadas a la explotación sexual.
Violaciones y complicidad
“Algunos de los agentes de la Policía son los que trabajan con esas organizaciones… En el informe se establece que el policía es el que viola a las niñas, pero dentro del cuerpo —policial— también hay prácticas porque son indiferentes al problema”, explicó.
El documento señala que los entes estatales facilitan la alteración de documentos personales de las víctimas para que puedan salir del país, la protección a los negocios —centros nocturnos— pues informan a los dueños de las redadas, y destruyen documentos con el fin de impedir la investigación penal.
“Expertos en criminalidad organizada afirman que es imposible que se realice la explotación… sin el concurso de autoridades estatales, especialmente de policías y autoridades municipales. En ocasiones la participación no solo es encubrimiento y tolerancia, sino también de promoción directa”, se lee en el informe.
Además establece que algunos grupos de policías se dedican directamente al comercio de trata; es decir, son propietarios de negocios.
Compromiso y acciones
Thelma Aldana, fiscal general, manifestó que aunque existe una Ley contra la Trata de Personas para combatir este flagelo solo se han impulsado algunas acciones aisladas para enfrentarlo. Consideró que es necesario que se impulsen más acciones para prevenir este delito.
“Recuerdo que antes del 2009 las víctimas de trata de personas todavía eran consideradas culpables. Fue con la creación de la ley que se logra no perjudicarlas”, dijo.
Jafeth Cabrera Franco, vicepresidente, se comprometió desde el Ejecutivo a iniciar acciones en conjunto con las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema, para prevenir y erradicar este fenómeno criminal, y extendió su llamado a la sociedad.
Urge actuar
El titular de la Cicig, Iván Velásquez, señaló que el informe demuestra la gravedad del problema que afecta principalmente a niños y adolescentes, por lo cual el problema no debe pasar inadvertido y tiene que despertar una reacción de la ciudadanía para erradicarlo.
“Es indispensable que todas las autoridades de todos los niveles, todos los que puedan tener incidencia en la solución de este problema, actúen con decisión”, agregó el comisionado.
Asimismo, aseguró que la Cicig está comprometida con la tarea de la identificación, desarticulación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que han afectado al país. “Reiteramos nuestro compromiso”, subrayó.
