La adjudicación a TCQ del proyecto para la ampliación de la terminal, valorada en US$255 millones, fue el objeto de una trama corrupta supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Diez de los 12 implicados en la estructura, entre ellos el exbinomio presidencial y el empresario español Juan José Suárez, fueron enviados a prisión preventiva.
Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa TCQ, de la que Suárez era director y representante legal.
La empresa formaba parte del conglomerado internacional de la antigua compañía española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que fue vendida en marzo al grupo holandés APM Terminals y que en Guatemala gestionaba la ampliación de este puerto.
Actualmente, TCQ pertenece en un 85 % a APM y en un 15 % a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.
PGN pide la nulidad del contrato con TCQ, que da vida a usufructo oneroso de terreno. @prensa_libre F: Á. Interiano pic.twitter.com/gukozCyRZb
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 27, 2016
Opciones
El 18 de abril último la PGN dio a conocer que la nulidad absoluta, anulabilidad o un arbitraje nacional eran las opciones que tenía para buscar que quedara sin vigencia el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y TCQ, el cual fue firmado en el 2012, debido a que “hay vicios de consentimiento e irregularidades en el otorgamiento del usufructo”.
La procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, indicó que analizó un documento enviado por el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, el 19 de agosto del 2015, en el que se hacen consideraciones sobre inconsistencias legales en el contrato. Por ello, el 1 de septiembre pasado, la PGN pidió al entonces presidente Otto Pérez Molina que le diera instrucciones para la nulidad de ese contrato.
La respuesta ya no se obtuvo, debido a que un día después Pérez Molina presentó su renuncia, luego de que el Congreso le retirara la inmunidad y porque había orden de captura en su contra.
El proceso quedó relegado a Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió la Presidencia. Sin embargo, Maldonado Aguirre no giró instrucciones a Villagrán, y en cambio, el 12 de enero del 2016 —dos días antes de dejar el cargo—, devolvió el expediente a la PGN para que esta determinara los alcances políticos y económicos de declararse la nulidad y que se analizara si era procedente una acción de anulabilidad del contrato.
