Luego de cuatro horas de trabajo fueron analizadas las propuestas de reforma constitucional en materia de justicia, cada una de las mesas presentó tres propuestas que fueron entregadas a la mesa central.
Las tres principales propuestas presentadas por la sociedad civil de la región suroriente fueron: La eliminación del derecho de antejuicio para Presidente y Vicepresidente, Diputados, Ministros, Alcaldes y Gobernadores. También propusieron que el fiscal general del Ministerio Público, los magistrados de las cortes de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones sean nombrados por una comisión calificadora, eliminando así la intervención de los diputados, y que se implemente en forma efectiva la carrera judicial, para que los jueces vayan asumiendo cargos dependiendo de su capacidad demostrada y no por compadrazgo político.
En #Jutiapa inicia Diálogo Regional Hacia la Reforma de la Justicia. pic.twitter.com/DQrymsyMpL
— Óscar González-Jutiapa (@ozkargonz) May 28, 2016
La actividad fue presidida por Alexia Ghyoott, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos; Carlos Martínez, secretario general de la Presidencia; Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial; Thelma Aldana, fiscal general, y Carmen Villa, comisionada adjunta de Cicig.
Rechazan prerrogativas
Moisés Jiménez, representante de la sociedad civil de Jalapa, manifestó que esperan que las propuestas que se presentaron no queden solo en papel. No es la primera vez que piden a la sociedad civil que participe en este tipo de diálogos, pero al final son los políticos los que manosean las propuestas de la sociedad civil y cambian las leyes a su conveniencia, añadió.
“Tenemos el ejemplo de las reformas a la Ley Electoral, esas reformas fueron acomodadas a conveniencia de los políticos, es lógico porque ellos son quienes al final de cuentas las aprueban y no van a permitir que una ley les afecte sus intereses. En el caso de las reformas constitucionales en materia de justicia, estamos proponiendo que los diputados y cualquier otro tipo de político no meta las manos en el nombramiento de autoridades del Ministerio Publico y del Organismo Judicial”, expuso Jiménez
Martiza Hernández, de Jutiapa, exigió la eliminación del derecho de antejuicio para autoridades de gobierno, ya que ese privilegio que tienen los hace ciudadanos de otra clase, situación que pone en desventaja a la sociedad civil.
“Lo que exigimos es que ellos enfrenten a la justicia como cualquier ciudadano común, porque el derecho de antejuicio solo ha servido para que los políticos armen sus redes de corrupción sabiendo que están protegidos y que los ciudadanos perderemos el tiempo demandando a un político”, refirió.
Diálogo Nacional
Las autoridades presentes en el diálogo regional comentaron que las propuestas realizadas por la sociedad civil de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa coinciden con las propuestas que han realizado en las otras cinco mesas regionales de diálogo.
El presidente del OJ, Ranulfo Rojas, no quiso emitir opinión al respecto, y señaló que el objetivo del diálogo nacional es que la población haga sus propuestas sin injerencia de ninguna autoridad.
“Lo que si puedo decir es que lo propuesto en Jutiapa coincide con las otras cinco mesas de trabajo, la número uno es la eliminación del antejuicio. La sociedad civil tiene particular interés en que se elimine este privilegio para diputados y otros funcionarios de gobierno. Todas las propuestas serán analizadas en la mesa de trabajo a nivel nacional que se realizará en Antigua Guatemala en donde se definirá cuáles son las tres reformas que pide el pueblo de Guatemala y darle el trámite que corresponde”, subrayó.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, manifestó que el pueblo de Guatemala expresa en este diálogo un descontento surgido por los casos de corrupción en las estructuras de gobierno y de justicia.
“El clamor es que efectivamente se necesita una reforma constitucional que elimine privilegios y que garantice una aplicación de justicia de forma más imparcial. No debemos perder de vista que se debe respaldar el Derecho Consuetudinario de los pueblos indígenas. Tenemos que conocer esa forma de aplicar justicia y darle un respaldo legal. Muchos por desconocimiento criticamos esa modalidad de justicia, pero debemos reconocer que de esa forma muchos pueblos indígenas del país han conseguido, por muchos años, mantener el orden en sus pueblos”, dijo el magistrado de conciencia.
