De acuerdo con los informantes el sistema de control de plazas del estado se prestaba a maniobras y tales circunstancias fueron aprovechadas por funcionarios inescrupulosos que se llevaron esa considerable suma de dinero.
Trascendió? que las autoridades llevaban ma?s de un mes reuniendo los datos sobre los cuales se formularían las acusaciones contra los ex funcionarios y que para ese momento so?lo hacía falta la orden de detención, que ya se había solicitado al tribunal que conoció el asunto.
Un error
Tras las comprobaciones del caso, las autoridades han llegaron a la conclusio?n de que los autores del desfalco, al entregar sus puestos a otros funcionarios que los sustituyeron dejaron planillas en que aparecían nombres de empleados inexistentes.
Dichas planillas fueron comparadas con los registros de la tesoreri?a nacional, y se establecio? que el gobierno estuvo pagando sueldos que fueron a dar a los bolsillos de los jefes de dependencias.
Larga investigación
En esa fecha aún no se había podido determinar a la cantidad exacta de a cuánto ascendía el monto de lo que cobraban por empleados inexistentes, algunos ex funcionarios inescrupulosos, porque todavía estaban completando las investigaciones la contraloría de cuentas de la nación, pero se presumía que podría llegar a ser de dos millones de quetzales.
Se supo que en la tesorería nacional todos los días se sacaban más fotocopias de cheques falsificados, las cuales eran enviadas a la contraloría de cuentas cada semana.
La forma para detectar cuáles fueron los cheques falsificados fue que cuando el Banco de Guatemala devolvía a la tesorería nacional los cheques ya cobrados por los empleados públicos, los cotejaron con las nóminas de empleados de cada dependencia, y al no aparecer sacaban la fotocopia para enviarla a la contraloría.
Se estimaba que la investigación abarcaría cinco años atrás, porque cada cinco arios se incineraban los cheques ya pagados. Pero ese desfalco a la administración pública se había cometido desde hace varios arios.
Orden de captura
Para el 30 de mayo el Juez primero de primera instancia de lo penal inició el proceso girando la orden de captura contra diez exfuncionarios del gobierno que venían cometiendo el desfalco por medio de plazas fantasma.
Entre los acusados figuraron conocidos hombres que se desenvolvían en el medio nacional y que habían ocupado importantes cargos gubernativos en pasadas administraciones. Entre los implicados estaba un exgerente de GUATEL, funcionarios de la Dirección General de Presidios y otros más.
Tanto la contraloría general de la nación como la policía nacional entregaron toda la documentación recabada al juzgado que instruyo el procedimiento criminal contra quienes fueron capturados y resultaron responsables del desfalco.
Uno de los implicados declaró en el tribunal que el solo cumplió las ordenes que le fueron dadas, al firmar, endosar y cobrar los cheques de otras personas. Otros dos aceptaron haber haber actuado por órdenes superiores, mientras que un tercero de los implicados negó el cargo que se le imputaba.
A todos se les acusó de haber cometido un desfalco por más de un millón de quetzales, cobrando sueldos de personas inexistentes, mediante la falsificación de firmas y número de cédulas, algunos de cuyos documentos pertenecían a personas ya fallecidas.
