Las penurias en el Sistema de Justicia afloran constantemente y no solo se trata de la falta de recursos a la que con frecuencia se ha referido el comisionado Iván Velásquez, quien incluso ha sugerido la creación de un impuesto específico para el financiamiento de muchas de las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público, así como otros sectores del Organismo Judicial.

Ayer se pudieron observar dos escenas patéticas que evidencian la precariedad del sistema. Por la mañana, durante la frustrada audiencia de primera declaración de los sindicados de haber incurrido en el financiamiento ilegal de campañas políticas, se vio la saturación de la sala del Tribunal de Mayor Riesgo B, donde abogados de algunos de los señalados debieron exigir mejores condiciones para efectuar la diligencia.

Prensa Libre también tuvo acceso a imágenes del exterior de las celdas en las que se encuentran muchos de los sindicados que están recluidos de manera provisional en el centro militar Mariscal Zavala, donde se instalaron carpas o casas de campaña para poder albergar a quienes fueron enviados a ese centro mientras llega su cita con los tribunales.

Ambas escenas ponen en perspectiva la calamitosa situación en la que se encuentra no solo el Organismo Judicial, sino también el Sistema Penitenciario, cuyas cárceles han excedido su capacidad, debido a la sobrepoblación que ha aumentado dramáticamente durante los últimos meses, como consecuencia de la multiplicidad de casos.

Es innegable que el combate de las distintas formas de criminalidad no debe parar, y nadie duda del poderoso mensaje que esos embates envían a quienes todavía no se convencen de que las fechorías no pueden tener cabida en nuestra sociedad.

Sin embargo, las acciones en contra de ese flagelo no pueden llegar a feliz término con tantas limitaciones, pues no solo se refiere a la capacidad que tenga una judicatura para atender a señalados, abogados y periodistas, o al sistema carcelario, que tampoco cuenta con instalaciones suficientes para enfrentar esta oleada anticrimen, sino también se trata de dotar de recursos a todo el sistema.

Solo en el juzgado que tiene a su cargo Miguel Ángel Gálvez es notorio que son demasiados los expedientes que se acumulan, lo cual también ha ocasionado que se excedan los tiempos para dar continuidad a las audiencias programadas con anterioridad, lo que envía un poderoso mensaje para que el Estado responda adecuadamente.

Por eso se necesita la participación de las cabezas de los distintos poderes del Estado, para buscar una distribución adecuada de recursos, porque las necesidades apremian en varios sectores y se puede incurrir en acciones que resultan criticables ante una falta de fondos que tiene repercusiones mucho más evidentes en otras instancias.

Las imágenes observadas ayer en dos distintos escenarios ponen al desnudo las precariedades de un sistema que está urgido de recursos, y cuando ese reto se soslaya se corre el riesgo de que se acrecienten las críticas por la forma como se asignan los recursos que capta el Estado o el destino de estos.