Fue el 4 de julio cuando la Contraloría emplazó a la cartera de Defensa para entregar el informe; sin embargo, la entidad solicitó una prórroga pues afirmó que era muy poco tiempo para entregarlo.
El plazo se venció este martes y Defensa cumplió con entregar los documentos, según dijo el subcontralor del Gasto, Cesar Elías, a una emisora local.
Prensa Libre intentó comunicarse con Elías y con el vocero del Ejército, Óscar Pérez, para obtener más detalles, pero ninguno contestó las llamadas y los mensajes.
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La firma de un acuerdo de cooperación con Argentina y uno complementario que se firmó en junio de este año son los que permiten obtener los aviones de uso militar, aseguró el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda; sin embargo, esto es cuestionado debido a que no se cumplió con la Ley de Contrataciones del Estado.
El funcionario asegura que los US$28 millones que se deben pagar por esos dos aviones serán obtenidos del presupuesto de la cartera, aunque aún no han definido los renglones a los que se les va a recortar el financiamiento.
El Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los dos países fue firmado en 1980 y no permite hacer compras y tampoco obtener equipo de uso militar, pero en junio de este año fue cuando se firmó un acuerdo complementario, firmado entre los ministerios de Defensa de Guatemala y Argentina y que fue adherido al convenio marco con el aval de la Procuraduría General de la Nación.
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El 8 de julio, Ralda intentó explicar el proceso que se siguió en este caso e indicó que no se trata de una compra, sino de una adquisición.
Además, aseguró que se detectaron narco jets en el espacio aéreo guatemalteco y no poder alcanzarlos fue lo que urgió a que se adquirieran las aeronaves argentinas.
Su argumento, que dejó más dudas que respuestas, es que de enero a junio de este año “la amenaza cambió”, pero aclaró que en diciembre del 2018 llegó a Guatemala un equipo de expertos de Argentina y que él mismo hizo una visita a aquel país en enero del 2019, es decir antes de que se detectara el incremento de aeronaves ilícitas.
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