Los frecuentes casos de corrupción dados a conocer han desatado oleadas de indignación que han perdurado por semanas, aunque esas muestras de repudio no han sido suficientes para cambiar un ápice la conducta de funcionarios y dignatarios que se resisten a enderezar el rumbo.

Debido a ese proceder, cada cierto tiempo se deben promulgar leyes en el país o emprender reformas para que a fuerza de marcos jurídicos renovados se busque poner cerco a los manipuleos en que han incurrido muchos personajes cuando les ha correspondido designar autoridades en altos cargos.

El más reciente antecedente que se pretende desterrar por esas prácticas es el de las comisiones de postulación, que aunque habían quedado reguladas en la Constitución de la República, su manoseo llevó a límites repudiables en la designación de altas posiciones dentro del sistema de justicia.

Ahora, en un nuevo afán por cerrarles el paso a las constantes intromisiones, tráfico de influencias y manipuleo a la hora de postular principalmente magistrados, el Congreso ha aprobado una nueva Ley de la Carrera Judicial, que se propone buscar mayor idoneidad entre quienes resulten favorecidos para llegar a esos cargos.

El carácter positivo que se plantea en esta nueva normativa es que se pretende hacer más patente la independencia de jueces y magistrados, pues aunque esta es una consideración amparada en el texto constitucional, su cumplimiento más bien ha defraudado.

Esa independencia, unida a la idoneidad, imparcialidad y muchas otras características deseables en quienes imparten justicia, deberían ser las bases para un profundo cambio en el OJ y no como hasta ahora, que la mayoría de las designaciones quedaban en manos de políticos inescrupulosos que hacían nombramientos con la mira de obtener resoluciones favorables llegado el momento de requerirlas.

Por eso es que fue tan criticada la última elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cuando los partidos Patriota y Líder actuaron en contubernio para designar a los trece titulares de ese máximo órgano de justicia, por cierto uno de los cuales ya enfrenta una investigación y por ello debió renunciar, y otro más enfrenta un proceso de antejuicio.

Esos hechos son los que hacen albergar esperanzas en que esta nueva ley combata de manera efectiva ese tráfico de influencias, pero sobre todo el procedimiento de comprometer a funcionarios judiciales con personajes que pueden resultar involucrados en casos de corrupción, como también se ha vuelto común en la actualidad.

Uno de los órganos encargados de vigilar en buena medida el cumplimiento del nuevo cuerpo normativo es el Consejo de la Carrera Judicial, que en el futuro tendrá una función fiscalizadora sobre el desempeño de jueces y magistrados, con un amplio repertorio de conductas por sancionar.

Solo con el funcionamiento pleno y satisfactorio de este cuerpo, muchas cosas podrían cambiar en el sistema de justicia, si de verdad se logra eludir el cerco de la cooptación y de los mercaderes de la política.