Jerez le dijo al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que Hernández, empleado de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti y colaborador eficaz del caso, aseguró en su declaración, que figura como anticipo de prueba, que en una ocasión la exfuncionaria lo contactó.
En la declaración testimonial consta que Baldetti le habría indicado que la Fiscalía buscaba a Monzón, de quien se sospechaba que era el jefe de la estructura de defraudación aduanera La Línea, y que también podría haber acciones judiciales en su contra como testaferro de su secretario.
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Durante la lectura que Jerez dio al testimonio de Hernández, resaltó que la ex vicemandataria le manifestó que se desarrollaría una investigación en su contra, por lavado de dinero, testaferrato y otros delitos, y que ella lo consideraba una buena persona y un buen empleado, por lo cual le ofreció sacarlo del país junto a su familia, darle una casa y un vehículo, a fin de evitar futuras acciones penales.
Procesado
Hernández enfrenta a la justicia por asociación ilícita y lavado de dinero por presuntas acciones ilícitas relacionadas con la estructura que se habría apoderado de diversas entidades estatales, las cuales fueron desfalcadas, en la que estarían vinculados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Baldetti, así como Monzón.
Su testimonio fue admitido como prueba anticipada, pues se considera que ha aportado información importante para el desarrollo de las pesquisas y la comprobación de los hechos detectados por la Fiscalía.
Hernández busca ser colaborador eficaz, igual que su exjefe, a fin de optar a recibir beneficios como la reducción de la pena, por lo cual ya se encuentra en conversaciones con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
El caso Cooptación del Estado de Guatemala se desarrolló a partir de evidencias recopiladas por el MP y la Cicig durante la investigación de La Línea, y se encuentran las declaraciones en anticipo de prueba de Monzón y cinco procesados, entre quienes se cuentan Hernández, Rogelio Chay, José Martínez Búcaro, María del Carmen Valencia e Íngrid Marisol Dávila, investigados por asociación ilícita y lavado de dinero.
Además se han recopilado cien declaraciones ministeriales de personas que tuvieron relación con los hechos que se investigan, como representantes legales, socios y accionistas de las empresas de cartón que formaban el Grupo Estrella, un conglomerado utilizado para recibir y administrar dinero de origen ilícito, proveniente del cobro de comisiones por contratos otorgados a otras entidades comerciales.
Documentos contables localizados en las oficinas de Monzón y de Salvador González Álvarez, alias Eco, colaborador eficaz del caso La Línea, fueron presentados por el MP al juez, durante la lectura de los cargos.
La Procuraduría General de la Nación y la Empresa Portuaria Quetzal, que figuran como querellantes adhesivos, también pidieron que todos sean ligados a proceso.
Defensores
Luego de la solicitud del MP y los querellantes, Gálvez les dio la palabra a los abogados defensores para que presentaran sus argumentos de descargo.
Se escuchó a los defensores de los constructores Alberto Rafael de León Escobar, representante legal de constructora Adic; Álvaro Mayorga Girón, dueño de la Constuctora Nacional, Sociedad Anónima; y Julio Quinto Tobar, propietario de Macor.
El abogado Alberto Morales Velasco, defensor de Mayorga Girón, aseguró que el MP no ha demostrado que existan indicios de que su cliente haya cometido un delito, y que se le señala por haber entregado Q2 millones a Monzón para financiar de manera ilegal la campaña del Partido Patriota, en el 2011.
La audiencia fue suspendida por el juez y se programó su continuación para hoy.
Detalles llamativos
Incidencias de la jornada número 11 de la audiencia.
- La Cicig presentó al juez una serie de cheques con los que hizo constar los pagos que la exdiputada del Partido Patriota Daniela Beltranena extendió por la compra de una motocicleta de lujo.
- La exparlamentaria aseguró en su declaración, el pasado 22 de junio, que el vehículo fue un regalo que le hizo Juan Carlos Monzón y que ella lo vendió con posterioridad.
- El juez llamó la atención a los sindicados y abogados defensores para que eviten salir de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia para comer o ir al sanitario sin autorización, pues durante los días en que se ha desarrollado la audiencia eso ha ocurrido varias veces. El 28 de junio, Roxana Baldetti permaneció cinco horas fuera de la sala de vistas y al volver tenía una tablet.
- El juzgador pidió al abogado José Manuel Quinto Martínez, defensor de Julio Quinto, expresarse con respeto, pues el abogado aseguró que en la investigación se puso atención a lo que dijo Monzón, a quien calificó como un delincuente, y ha mencionado a la Fiscal General.
