Estos niños se ven “expuestos” a la violencia física, accidentes, riesgos de salud, agresión y violencia sexual, explotación económica, reclutamiento para las pandillas, estigmatización, discriminación y trata de personas.
A pesar de que el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) “han desarticulado redes de explotación laboral infantil”, la PDH “constató” que estas tramas están relacionadas a casos de trata de personas y no de trabajo infantil.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) atendió del 2014 al 2015 a 72 menores en sus diferentes albergues temporales.
Sin embargo, lamentó Castro, “hay pocas acciones” en contra de los “explotadores”, ya que son los afectados “los que buscan ayuda en los albergues temporales”.
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Por otro lado, la defensora de la niñez y adolescencia de la PDH, Dulce Zuñiga, aseguró que los padres “se ven obligados a alquilar” a sus hijos por la situación de pobreza y pobreza extrema.
Castro exigió que se “accione para el impulso” de la iniciativa de ley 4849 que dispone aprobar la Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en Guatemala y que también se “debe reformar el Código de Trabajo” para aumentar la edad legal en la que se puede empezar a trabajar de 14 a 17 años.
En base a la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), el índice nacional de trabajo infantil se sitúa en 10.7 por ciento.
Un 57.9 por ciento de los trabajadores menores de edad son indígenas.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) advirtió hace unas semanas que la nación centroamericana tiene el mayor índice de trabajo infantil de toda América Latina con 850 mil 937 niños, de los que el 43 por ciento no asiste a la educación formal.
