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En el documento, la Fiscalía solicita a la juzgadora que autorice la “medida urgente de detención provisional con fines de extradición” contra Leal.
Debido a que la jueza realizó la continuación de la audiencia del caso Financiamiento electoral a la Unidad Nacional de la Esperanza, esta semana el expediente aún está en su despacho.
La jueza tiene, por ley, hasta 60 días para resolver cualquier petición. En ese sentido, aún se espera que se fije día y hora para la audiencia, la cual podría ser la próxima semana.
Quedará a criterio de la Fiscalía si la audiencia es pública o se declara en reserva, aunque en el documento solo se puntualizan los datos de identificación del empresario.
En este momento es cuando algún abogado de Leal puede acreditarse ante la judicatura para argumentar o incluso solicitar las actuaciones del caso.
Lo procedente será que jueza resuelva si avala la orden de aprehensión. De ser avalada se debe remitir el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vía diplomática sea entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores y después a la Embajada de Estados Unidos acreditada en el país.
Si por lo contrario, la jueza no avala la orden de aprehensión, existen vías impugnativas.
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Lo que lleva el expediente
Desde el mes pasado el fiscal Andrei González explicó que al tener información del lugar en donde fue ubicado Leal en Estados Unidos se iniciaron las gestiones para la extradición.
El documento en poder de la jueza solo contiene los datos de identidad de Leal y la copia de las dos órdenes de aprehensión por los casos Traficantes de influencias y Financiamiento a la UNE que siguen vigentes.
Se incluye también una fotografía de Leal.
El caso Traficantes de influencias
La investigación del MP y la Cicig que salpica a Leal Castillo se centró a que integró una estructura operativa que cobraba por la agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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El supuesto operador es Giovanni Marroquín Navas, quien mantuvo amistad con funcionarios del órgano recaudador, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz.
Los funcionarios de la SAT priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago. Marroquín era quien recibía y distribuían los pagos, según la pesquisa.
Leal Castillo junto con Alfredo Muñoz Ledo Carrillo -de la entidad Tres Puertos, S.A.- y el diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos -fue interpuesto la petición para retirarle la inmunidad, aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción- captaban clientes de las empresas para la devolución del crédito fiscal.
En Financiamiento a la UNE
La ampliación del caso Traficantes de Influencias detectó supuestos movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas supuestamente eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE supuestamente utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido habría logrado eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil, 753.10.
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