Varios cambios lógicos e inevitables en la estructura de la Dirección General de Presidios se produjeron el jueves, debido al violento asesinato del polémico capitán Byron Lima, de otros 12 reos y de una visitante. Han sido relevados el director del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León Zea; la subdirectora Ninfa Crisol Gómez, y el director de la Granja de Rehabilitación Pavón, Norberto Ortega, todos ellos con responsabilidad dentro de la cadena de mando del inoperante sistema carcelario del país.

Las primeras declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, apuntan a que algunos hallazgos hechos durante la investigación preliminar motivan estos cambios, sin duda indispensables para pensar en la reforma del sector que esta semana ha acaparado los titulares. No es para menos: quedó confirmado que los reos siguen teniendo el control de la totalidad de los centros de reclusión, al extremo de que hasta tienen guardaespaldas, chalecos antibalas y toda una larga serie de irregularidades y de privilegios impensables en cualquier otro país del mundo.

Si eso fuera poco, las denuncias que afloran ahora dibujan con algún grado de certeza el poder de las organizaciones criminales en sitios como Pavón o Pavoncito, por citar dos ejemplos cercanos. Y en ningún caso se llega a comprender cómo es posible que los detenidos deban pagar para que sus visitas no sean hostigadas, o bien para que ellos mismos no sean sometidos por sus compañeros de condena a condiciones y tratos inhumanos.

Era predecible la caída de los funcionarios luego de estos hechos. Ni siquiera es necesario llegar al fondo de las investigaciones para saber que la Dirección de Presidios estaba lejos de cumplir con las tareas que le corresponden y, peor aún, que estaba evidentemente subyugada al interés de algunos reclusos.

A todo esto, y mientras los tres primeros funcionarios han sido destituidos, los otros centros de detención del país siguen a la deriva, sin que se tenga certeza de que son las autoridades, no los reclusos, quienes tienen el control y dan órdenes tanto dentro como fuera de las prisiones.

Para efectos prácticos, este brutal asesinato colectivo debe convertirse en un punto de referencia más que claro. Se ha documentado irrefutablemente la anarquía en las prisiones y queda más que demostrada la incapacidad tanto de quienes están al frente de semejante responsabilidad como del resto de autoridades de Gobernación.

Lo más importante que implica este paso es la deducción de responsabilidades a quienes permiten que el Sistema Penitenciario siga siendo la embajada del infierno. La idea de prisiones correccionales está muy lejos de estos modelos y deberán llevarse a cabo las investigaciones necesarias para perseguir a quienes facilitan la instauración del poder abyecto y oscuro de las organizaciones dentro de la prisión. La caída del controversial Byron Lima puede ser el punto de partida para que terminen los privilegios que él instauró. Debe lucharse porque prevalezca la ley, sin que un amo nefasto imponga su voluntad a sangre y fuego y se convierta en un monarca absoluto de las prisiones guatemaltecas.