Los legisladores expulsados el viernes último pertenecen a la Coalición Nacional por la Democracia que desde el año pasado protestan en las calles todos los miércoles para exigir elecciones libres, transparentes, incluyentes y con presencia de observadores.
También acusan a Ortega de “dictador” y de querer instaurar un régimen de partido único en este país.
“Ortega ha limpiado la mesa de opositores, con esta operación (destitución de diputados), en todos los poderes del Estado”, señaló el sábado el sociólogo nicaragüense y analista político Oscar René Vargas, al hacer un análisis sobre esa medida.
“Con esta operación política el sandinismo histórico u original ha sido enterrado y nace el partido orteguista”, anotó el analista, de tendencia sandinista.
Los mismos diputados destituidos, en un pronunciamiento, consideraron “particularmente grave” su expulsión del Parlamento a tres meses de las elecciones generales.
Según ellos, esa decisión tiene “un claro propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen”.
“De cara a la ciudadanía, una vez cerrados los espacios institucionales de participación política, es previsible un recrudecimiento de la represión, por las vías de hecho o utilizando el aparato de coerción estatal, contra los líderes opositores y ciudadanos que adversan al régimen”, advirtieron.
Para la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, la destitución de los diputados opositores profundiza “la crisis política e incertidumbre que vive el país”, y afecta el clima de negocios.
En tanto, para la principal cúpula patronal de Nicaragua esa medida debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes.
“Es responsabilidad de todos promover la estabilidad política, el desarrollo sostenible y la cohesión social, pero sobre todo superar con vigor y convicción nuestras diferencias políticas e ideológicas, ya que no podemos permitirnos llevar a nuestra patria al límite de la confrontación como ocurrió en el pasado”, abogó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración pública.
Para los disidentes sandinistas, a quienes le fueron destituidos sus cuatro diputados, el modelo de partido único que, a su juicio, quiere instaurar Ortega en Nicaragua “amenaza a todos y cada uno de los nicarag enses que no se manifiesten alineados con la política orteguista”.
“Un régimen de partido único quiere decir que nadie tiene derecho a pensar distinto a la línea orteguista. Eso nos amenaza a todos”, indicó la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, para quien Ortega ha mostrado “su verdadero rostro de dictador” al ordenar “destituir a 28 diputados opositores que no se le doblegaron, ni se vendieron”.
Los legisladores, entre ellos el coordinador de la principal coalición opositora Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), a petición del nuevo representante del Partido Liberal Independiente (PLI), el señalado pro oficialista Pedro Reyes, que fue acatada por la directiva legislativa, controlada por el sandinismo.
Reyes, un ausente en la política, reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.
Los opositores consideran que los comicios de noviembre, sin su participación, serán una “farsa” en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos minoritarios que sí competirán con el sandinismo, favorito según los sondeos.
