Las críticas van más allá, y en opinión de Miriam Suyuc, analista del Instituto por la Democracia opciones de este tipo solo deja claro el vacío que existe para responder a los problemas de raíz del sector agrícola más empobrecido.
“El entregar Q200 palía la crisis económica de una familia, pero no la resuelve de fondo. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) establece cuales deberían ser las prioridades para las y los agricultores”, comentó la profesional.
Para Ricardo Castaneda, economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (Icefi), el subsidio es insuficiente para solucionar los problemas que afronta el sector rural y específicamente el sector agrícola.
Al menos 310 municipios recibirán el subsidio de Q200.
El cupón será válido hasta el 31 de octubre.
Miembros de 50 organizaciones y asociaciones campesinas e indígenas serán las beneficiadas.
El subsidio alcanzará a 619 mil familias de los 22 departamentos del país.
El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) será el encargado de entregar el cupón por medio de sus agencias físicas y móviles.
El próximo sábado 06 de agosto programaron las autoridades del Maga la primera entrega en municipios del departamento de Guatemala.
“No es suficiente que a los productores se lleven insumos si no van acompañados de asistencia técnica, de acceso a crédito y tierra, si no existen encadenamientos productivos que le generen un valor agregado y permitan tener los ingresos suficientes para salir de la pobreza”, enfatizó.
Lo importante para el analista es que se planteen políticas públicas bien diseñadas.
Medir resultados
Ronnie Palacios, coordinador de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag), comentó que la subvención para la compra de insumos agrícolas deja a discreción del productor el insumo que necesita comprar y esta libertad no aportaría cambios reales en aspectos sociales, económicos y ambientales.
Según Palacios, se les facilitan insumos que no aportan soluciones a problemas críticos de hambre, a la detención en el deterioro de la biodiversidad, tampoco garantiza la sostenibilidad de acciones.
Suyuc, del Instituto por la Democracia, resaltó que el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, (Maga), es indispensable, pero debe ser para apoyar y respetar la decisión del agricultor, sin influir para beneficiar a un producto o empresa.
“Si las personas beneficiarias son miembros de las organizaciones campesinas, esto puede ser una garantía del buen uso de los insumos”, mencionó la analista.
Los analistas no descartan que con esta nueva modalidad pueda existir posibilidad de clientelismo político.
“Es importante recordar que en Guatemala la entrega de insumos, cupones, bolsas de alimentos, bolsas seguras o solidarias, entre otros programas, siempre han servido para incrementar el caudal de votos para los partidos políticos, la historia lo ha demostrado”, enfatizó Palacios, de la Redsag.
Los problemas estructurales que requieren respuesta del Estado deben ser más contundentes y coordinados, destacó Ricado Castaneda, del Icefi.
El economista resaltó que el esfuerzo debe ser interinstitucional.
Agregó que es necesaria una visión más amplia del desarrollo rural y para ello es fundamental que se involucren otras instituciones que permitan tener resultados diferentes.
“Sabemos que los retos son grandes para el sector rural pero el Estado debe dar respuesta que les permita mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en esas zonas”, indicó.
Un estudio realizado por el Icefi logró determinar cuánto debería invertir el Estado en los próximos 10 años y únicamente. En la parte de fortalecimiento del sector rural, que tiene que ver con la parte productiva, el estudio reveló que deberían invertir 1.5% del producto interno bruto (PIB).
Castaneda enfatizó que este cambio de modalidad (bono por Q200) es improvisado y recordó que estudios técnicos demostraron que el programa de fertilizantes reflejó rendimientos decrecientes o negativos, es decir, un programa que estaba mal diseñado pero al quitarlo implicaba que los recursos tenían que pasar a programas que permitieran mejorar la productividad de los agricultores.
El analista sugirió que el Ministerio de Agricultura publique los listados de las personas beneficiarias del programa con el fin de transparentar la entrega.
“Creemos que es importante que las instituciones gubernamentales trabajen de la mano con asociaciones de agricultores, campesinos siempre teniendo el cuidado de no caer en malas prácticas”.
Otra de las consideraciones que señaló Castaneda es que a pesar de que no ven con malos ojos el haber trabajado la lista con organizaciones agrícolas y campesinas, también se debió tomar en cuenta a asociaciones de mujeres y jóvenes que de igual manera están en el campo trabajando.
Para agricultores de Quetzaltenango y municipios aledaños, la entrega ha sido muy lenta, tanto en los fertilizantes como en el cupón, y no piensan en la lejanía de aquellos que deben viajar para obtenerlo.
Los productores aducen que les genera más gasto el tener que ir a recoger el dinero y luego ir a comprar el abono, por lo que ven pocos beneficios.
Respaldo técnico
La falta de información en los procesos y avales técnicos ha provocado dudas entre los analistas y profesionales consultados.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Mario Méndez aseguró que cuenta con el aval y respaldo técnico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), instituciones de gobierno que otorgaron el visto bueno y viabilidad del subsidio de Q200 para la compra de insumos agrícolas.
“Las consultas se realizaron y en la actualidad los fondos para este propósito están en el Ministerio de Finanzas para el desembolso respectivo.
“Estamos cubiertos en todas las instancias”, afirmó el funcionario.
Méndez aclaró que al no contar con fondos para el programa de fertilizantes este año, se hizo un análisis del presupuesto interno y optimizaron los recursos para reunir los Q126 millones del subsidio.
“Se realizaron algunos ajustes en el presupuesto, se cancelaron líneas telefónicas y montos que se lograron captar de otros renglones presupuestarios”, aseguró Méndez.
Méndez confirmó que esta será la única entrega para este año y el programa se irá reduciendo de manera gradual.
El funcionario informó que el próximo año la entrega del cupón se podría realizar en marzo del 2017 y para el 2018 espera que con la implementación del Plan Nacional de Riego, el programa desaparezca.
El jueves pasado, vecinos de Alta Verapaz hicieron denuncias respecto de la posibilidad de que el cupón se pudo falsificar y vender, incluso antes de su primera entrega.
Otras quejas se centraron en que algunos beneficiarios tuvieron que pagar para ser incluidos en la lista y algunos que pagaron, no fueron incluidas.
Respuesta debe ser integral
Los problemas estructurales que requieren respuesta del Estado deben ser más contundentes y coordinados, destacó Ricado Castaneda, del Icefi.
El economista resaltó que el esfuerzo debe ser interinstitucional.
Agregó que es necesaria una visión más amplia del desarrollo rural y para ello es fundamental que se involucren otras instituciones que permitan tener resultados diferentes.
“Sabemos que los retos son grandes para el sector rural pero el Estado debe dar respuesta que les permita mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en esas zonas”, indicó.
Un estudio realizado por el Icefi logró determinar cuánto debería invertir el Estado en los próximos 10 años y únicamente. En la parte de fortalecimiento del sector rural, que tiene que ver con la parte productiva, el estudio reveló que deberían invertir 1.5% del producto interno bruto (PIB).
