Arango, integrante de la bancada Todos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, busca que las empresas que se dedican a estas actividades, específicamente siete, sean penalizadas.
La propuesta es para reformar el artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información, en donde se establecen penas de cinco a ocho años de prisión y una multa de Q50 mil a Q100 mil a quien comercialice o distribuya archivos de información de datos personales.
Con la reforma que se busca se incluiría la compilación y sistematización de los datos, así como la acción de guardarlos en archivos o bases de datos escritos, digitales o de cualquier forma.
También se adiciona la sanción a cualquier persona que suministre la información y la pena sería aumentada en una tercera parte si la información obtenida sin autorización fuera usada para ser comercializada y se obtuviera cualquier tipo de beneficio económico.
La propuesta fue recibida por la Dirección Legislativa del Congreso y está pendiente que esta sea conocida por el pleno de diputados para ser remitida a una comisión para su análisis y dictamen.
Según @Ronald210872 la intención es que empresas no comercialicen los datos sensibles de la población pic.twitter.com/mZtwYRIcjf
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 1, 2016
