El interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) nombrado por el juez de Extinción de Dominio lanzó en forma pública una sugerencia para buscar un arreglo, con el objeto de que la construcción de la nueva terminal portuaria pueda funcionar y se resguarden los intereses del Estado. Hay quienes objetan la propuesta, otros la aplaudimos, otros no toman aún partido. La ciudadanía tiene mucho que aportar y acá hago un intento:

1. Es un hecho que hay personas en prisión por la negociación que se hizo en torno a la instalación de una terminal portuaria en el país durante el gobierno de Pérez Molina. Hay exfuncionarios públicos y exempleados de la empresa española que invirtió para la construcción. El tema penal tiene su dinámica y cualquier cosa que se haga no debe afectar esos procesos; esto es prioridad.

2. Existe también planteada por la propia Procuraduría General de la Nación una demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico que dio origen al contrato. Esa demanda se conoce en el tribunal respectivo y si las cosas salen bien, el tiempo estimado será de un par de años (si no existe ninguna maniobra de retraso).

3. En el ínterin, la empresa española (con operación en varios países) que hizo el negocio en el país fue vendida a una sociedad grandísima de origen holandés que se dedica a operar puertos. Las empresas y sus acciones se venden todos los días, así que eso no tiene nada de extraño. Los adquirientes pagaron más de dos billones de euros por la operación.

4. No hay ninguna demanda de extinción de dominio. El interventor fue nombrado dentro de “diligencias cautelares”; es decir, medidas provisionales que aseguran la existencia de lo discutido para un futuro.

5. El interventor encontró en caja varios millones de quetzales y con eso paga los gastos ordinarios (sin nuevos ingresos). Como es lógico, la chequera baja y jamás sube. De forma técnica esa empresa está en quiebra y no puede empezar a funcionar porque requiere dinero y personal calificado.

6. El Estado puede no hacer nada y esperar que terminen las acciones penales y administrativas. En unos años ocupará el área, recuperará las instalaciones y empezará a funcionar. Cada grúa montada en el puerto, para tener una idea, tiene el alto de las torres de Las Margaritas de la zona 10 capitalina, por decir un ejemplo, y serán eficientes si cuentan con los soportes en sistemas e informáticos respectivos. Si no se brinda mantenimiento, el gasto en su momento será absurdamente alto.

7. Nuestra terminal en el Pacífico, si entra a funcionar, sería el único puerto centroamericano que atendería esos barcotes que obligaron a la ampliación del canal en Panamá.

8. El Estado puede decidir también que se adscriba esa área a Puerto Quetzal y tendremos una nueva instalación con más de lo mismo.

9. Se puede, por último, valorar la propuesta y que el Ejecutivo con la PGN le concedan la viabilidad necesaria para que el Congreso decida a que previo el pago de una indemnización al Estado, equivalente al monto de la inversión efectuada, se decida un contrato con aquella empresa monstruosa de que hablábamos y también los holandeses puedan demandar a los españoles por venderles, como bueno, un negocio viciado, y por fin funcionar. Siempre, sin condicionar procesos penales en trámite.

Debe privilegiarse el interés del Estado y ese interés tiene metas a corto, mediano y largo plazo. No tiene objeto que el Estado sea siempre el más perjudicado… pero igual, cada quien analice y opine, que la expresión del pensamiento es un derecho.

@Alex_balsells