La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) pidió ligar a proceso a María Lourdes Solórzano, Héctor René Polanco, Martha Estela Baides Soto, Sandra Elizabeth Castellanos y Mónica Guzmán Castellanos.
Los fiscales pidieron que los exasistentes del exdiputado Alfredo Rabbé enfrenten cargos por peculado por sustracción.
De acuerdo con el Código Penal, comete este delito el funcionario o empleado estatal que sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo, y establece una pena de tres a 10 años de prisión.
Los implicados
“No hurté nada ni robé nada”, aseguró Solórzano al pronunciarse frente al juez. Esta diseñadora gráfica explicó que, en efecto, firmó un contrato para prestar sus servicios como asistente. Rabbé, su jefe inmediato, no le especificó horarios, aclaró.
Explicó al juzgador que el trabajo por el que recibió Q10 mil mensuales consistió en editar videos y fotografías para páginas web del exlegislador.
“Nunca llegué al Congreso porque él —Rabbé— me dijo que no era necesario”, afirmó Solórzano, de 29 años.
La Fiscalía presentó el contrato de trabajo de la empresa para la que labora.
Héctor René Polanco, de 24 años, es bachiller con estudios de Agronomía. Trabajaba en el ingenio Magdalena como supervisor y al hacer una revisión de la papelería secuestrada por los fiscales, en mayo pasado, figuró como otro de los asistentes de Rabbé.
Polanco obtuvo dos contratos por Q206 mil 921. Le explicó al juzgador que “auditaba la Costa Sur” y rendía informes a Rabbé. “Podía desempeñar los dos trabajos a la vez”, justificó.
Marta Baides Soto, una bachiller de 29 años y madre de tres hijos, devengó Q56 mil 490.88.
Los fiscales la acusaron de tener al mismo tiempo un contrato 029 en la Dirección de Aeronáutica Civil, extremo que ella negó.
Madre e hija
Mónica Guzmán Castellanos, sobrina del exdirector del Congreso Luis Mijangos, y, su madre, Elizabeth Castellanos, gozaron de dos plazas a las que renunciaron poco después de que comenzaron las investigaciones, de acuerdo con la Feci.
Guzmán Castellanos, maestra de Párvulos, devengaba Q3 mil como instructora en la Municipalidad de Villa Nueva y al mismo tiempo el Congreso le pagó Q20 mil mensuales, durante siete meses, como empleada de la Dirección General.
Su madre trabajaba en la Fundación Elecciones Infantiles pero también recibía Q20 mil al mes del Congreso.
La audiencia sigue hoy y el juez decidirá si los liga a proceso.
