Byron Humberto Arana González, ex subgerente de Prestaciones; Érick Noé Estrada García, médico especialista; y Wálter Omar Linares, exjefe de la consulta externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fueron detenidos.
A ellos, especificó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se les vincula con el caso Negociantes de la Salud, que es la carpeta judicial que contiene las investigaciones de una red que, por medio de influencias sobre funcionarios, directores de hospitales y médicos, lograron adjudicaciones irregulares de medicamentos.
La estructura estaba integrada, entre otros, por Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz y Germey Alonzo Ramírez, de acuerdo con la información oficial.
Antecedentes
Linares ya había sido capturado el 24 de julio del 2015 por su participación al aprobar un contrato irregular relacionado con la droguería Pisa, que puso en riesgo la vida de pacientes renales, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El 27 de mayo del 2015, David Gaitán —entonces abogado de Acción Ciudadana, hoy de la Cicig— denunció a cuatro autoridades del IGSS, entre ellas a Arana González.
Gaitán dijo en esa ocasión que la denuncia se sustentó en testimonios de pacientes renales del IGSS y de algunos de los familiares de quienes fallecieron por los servicios recibidos en la empresa Pisa.
Los detenidos fueron llevados ante la jueza sexta Penal, Silvia de León, y hoy rendirán su primera declaración. Los tres son señalados de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Linares manifestó que desconocía por qué lo habían detenido. Arana respondió que trabajó durante 15 años en el Seguro Social y que todas sus acciones han sido transparentes.
Aún se encuentra pendiente de ser detenida una mujer, identificada como Patricia Lizethe Juárez Fernández, informó la Cicig.
“Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos —entre mayo del 2013 y julio del 2015—, con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el IGSS.
Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus copartícipes”, según la comisión.
“Existe la noción de que a cambio de apoyar a un grupo de operadores, ellos aceptaron la promesa de algún beneficio”, afirmó Sandoval.
Más vínculos
En el curso de las investigaciones se descubrió la relación de José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de Wellnes Center, a quien se le vincula con el legislador Roberto Kestler, de la bancada Todos, contra quien se solicitó antejuicio.
Un total de 37 personas han sido capturadas por distintos casos de corrupción en el Seguro Social, de acuerdo con datos de la Feci, a cargo de estos procesos.
Solicitan antejuicio
El fiscal especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, presentó ayer una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Kestler.
De acuerdo con Sandoval, el diputado pudo haberse beneficiado de su posición política de los negocios en el Seguro Social.
Kestler “tenía inversiones en una entidad beneficiada, en contratos por servicios de cirugía estética”, explicó el fiscal.
El legislador presidió en varias ocasiones la Comisión de Salud del Congreso. Prensa Libre intentó comunicarse a su celular, pero estaba fuera de servicio
El médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas, quien laboraba en la unidad de Infectología del Seguro Social, permanece prófugo, sindicado de asociación ilícita y cohecho pasivo.
EL MP y la Cicig investigaron, entre noviembre del 2014 y abril del 2015, la existencia de una organización que buscó obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Seguro Social, los cuales procuraban colocar en el listado básico de medicamentos de la entidad y manipular los procesos de compra para resultar favorecidos.
