El futuro incierto que había sido predicho para las reformas que iban a ser presentadas a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) quedó confirmado ayer, con el envío de las propuestas que han sido consensuadas durante unos tres meses por representantes de 26 organizaciones de la sociedad civil y presentadas al presidente Jimmy Morales, quien posteriormente las enviará al Congreso.

Esto se debe a que no han sido hechos del conocimiento público los criterios de todas estas personas y que además no tienen carácter vinculante, al carecer de una negociación previa. Poca duda cabe entonces de que el Parlamento no las tomará en cuenta o las cambiará a su gusto. Eso es válido sospecharlo porque dadas las circunstancias en las que funciona ese organismo, es posible predecir que no responderá al interés nacional, sino al de los partidos y personas que han participado y desean continuar con reglas políticas inconvenientes y causantes del desprestigio de la clase política.

Entre las reformas presentadas se encuentra la de aumentar a 160 el número de diputados al Congreso, la autorización de partidos distritales —que tendrán presencia en un distrito electoral—, así como los mismos requisitos de fundación que tienen los partidos tradicionales. Esto debe ser explicado, lo mismo que el significado de términos como paridad, alternancia, proporcionalidad y participación de los pueblos indígenas. Mientras eso no sea aclarado, es imposible opinar al respecto.

Por su lado, el Congreso de la República aprobó recientemente un pliego de sugerencias de cambios, decididos sin mucha discusión entre los diputados. No incluían temas de importancia fundamental como lo referente a la propaganda política previa a los comicios y, por razones de beneficios absolutamente partidistas, de hecho elimina las encuestas, a causa de suspenderlas dos semanas antes de las elecciones. Esta medida se justifica para que no haya publicaciones con mediciones sin ton ni son, irregulares, irresponsables y poco profesionales, lo cual es aceptable. Sin embargo, deja fuera la posibilidad de que mediciones científicas y por ello profesionales y de alto costo permitan medir el comportamiento de los electores y de esa manera poder predecir resultados.

Queda claro que ambas propuestas no tienen la claridad suficiente para ser consideradas un aporte valioso para que la ley funcione. Causa también preocupación que la comisión de postulación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sea integrada solo por abogados. Es el mismo criterio según el cual una Constitución debe ser preparada solo por juristas. El no tener preparación de Derecho no significa necesariamente incapacidad de participar en la creación de una ley que funcione.

Ambas propuestas tienen, claro está, aspectos rescatables, así como temas discutibles a causa de sus motivaciones. Es positivo el experimento de haber llamado a representantes de entidades de la sociedad civil, pero ahora ese documento debe ser llevado a una nueva ronda de opiniones, para que así, una vez consensuado, comience la tarea de pactar con el Congreso que el trámite para su aprobación sea eso, un requisito. Los cambios de última hora ocurrirán, y provocarán retrocesos no solo lamentables, sino ya predichos.