Transcurridas varias semanas desde el cambio en la Procuraduría General de la Nación, quien representa legalmente al Estado pasó de ser protagonista de varias revisiones a estar nuevamente en una posición discreta en torno a casos importantes para la vida nacional. La nueva funcionaria, Anabella Morfín, sin duda revisa casos emblemáticos que deberá enfrentar en breve, pero su silencio no deja de ser inquietante, al provocar suspicacias y dudas.

Un tema espinoso y actual, pendiente de la acción de la PGN, es la revisión de los pactos colectivos de las entidades estatales, lo que mantiene agitado el ámbito sindical del país e incrementa el rechazo generalizado. Esto se debe a las marchas y constantes bloqueos de carreteras, así como a la toma de instalaciones públicas y suspensión de actividades escolares como medida de presión contra el Gobierno para evitar la revisión de esos pactos leoninos y abiertamente ofensivos para la dignidad del pueblo guatemalteco. No hay una indicación de qué planea hacer la procuradora Morfín.

Otro visible asunto de los repentinamente salidos de la agenda son los expedientes de las concesiones a la televisión abierta. Tal y como señalaron la Cicig y el MP dentro del caso de financiamiento político ilegal, estas deben ser investigadas para determinar si los beneficios que dan cuerpo legal al monopolio son fruto de arreglos ilegales. La PGN ha hecho mutis luego de que trascendiera que dicho expediente se extravió. Esto equivale a que en las oficinas de Gobierno se pueden desaparecer documentos importantes y no hay responsables ni intención de investigar y castigarlos, por lo que sus acciones quedan impunes.

Por otro lado, ha quedado nuevamente en silencio el tema de Puerto Barrios, uno de los últimos mencionados por la exprocuradora María Eugenia Villagrán, poco tiempo antes de su súbita dimisión. Según sus últimas declaraciones, hay ilegalidad en la forma como Ferrovías extendió hasta el 2048 la administración de ese muelle estatal. Esto se debe a que, además de ser una actuación de una empresa privada a nombre del Estado, fue obviado el procedimiento de concesión de un bien público y también omitida la forzosa consulta al Congreso.

Se desconoce qué acciones se han tomado, porque ni la PGN se pronuncia ni se tiene claridad de lo que hará la estatal empresa de ferrocarriles Fegua, administradora por ley del muelle de Puerto Barrios, por estar este entre sus activos. Fegua es hoy la accionista mayoritaria de Ferrovías y deberá velar por los intereses del país.

Como se puede observar, el período de la hoy representante legal del Gobierno tiene ante sí una lista de tareas delicadas que deberá transparentar en breve. En la medida en que no se sepa cómo gestionará los casos emblemáticos, surgirán dudas sobre su compromiso con los intereses del Estado. Es tiempo de que se pronuncie sobre la situación y hallazgos preliminares de cuando menos estos casos, porque de la confianza que ella genere por su actuar depende buena parte de la fortaleza que el país urge en el camino de la recuperación del concepto de justicia. En tanto persista la secretividad del actuar de la PGN aumentarán las suspicacias, arreglos y desagradables sorpresas a futuro.