Además, los fiscales clausuraron una bodega que almacenaba molinetes lectores de tarjetas electrónicas, que son necesarios para utilizar el servicio se transporte.
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), informó vía telefónica que el operativo de recolección de evidencia se efectuó en la sede de Siga, ubicada en la zona 4 de la capital.
Agregó que el trabajo de recolección comenzó el viernes último, a las 14 horas, y concluyó ayer a las 7 horas. “Los fiscales secuestraron cientos de documentos —archivos, libros de actas—, equipo de cómputo, y la mayoría es de tipo financiero”, comunicó la portavoz.
Aseveró que el objetivo del allanamiento es secuestrar indicios para sustentar una investigación contra Siga por tres denuncias presentadas por posibles irregularidades, sin especificar.
Barrera explicó que las tres denuncias corresponden una a la Contraloría General de Cuentas (CGC), otra presentada por el exdiputado por el Movimiento Nueva República (MNR) Aníbal García y la tercera por la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua).
Unificación
“La Fiscalía conexó los tres expedientes por la relación que hay en el tema de posibles irregularidades en los procedimientos de la empresa de transporte”, añadió sin dar más detalles, pues adujo que el caso está en reserva.
Agregó que la bodega que se clausuró está ubicad en la sede central, zona 4, y que los investigadores tomaron esa decisión porque consideraron necesario hacer un inventario del equipo del sistema prepago del Transurbano —molinetes y lectores de tarjetas, entre otros aparatos—.
“Fue precisa la clausura porque era demasiado el equipo para inventariar, sumando los documentos que se secuestraron”, aseveró.
En las fotografías que el órgano investigador publicó en su cuenta de Twitter —@MPguatemala— se observaron los vehículos recolectores de evidencias con los documentos embalados que estudiarán para sustentar la investigación preliminar, que servirá para comenzar una posible persecución penal por sospechas de corrupción.
Contenido
La denuncia de la Contraloría argumenta la devolución por parte de la Asociación de Q104 millones, “por el exceso de compra de tecnología”, ante la adquisición de pocas unidades de transporte.
La de Asopagua se relaciona con una acción otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la AEAU, la cual ordenaba que esta última realizara el pago de más de Q15 millones como parte del subsidio no entregado en el 2013.
A raíz de esas denuncias, la Fiscalía solicitó el 10 de septiembre del año pasado la opinión de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Un mes después, la entonces jefa de la PGN, María Eugenia Villagrán, señaló que el financiamiento entregado a la AEAU iba contra las propias normas constitucionales y de los principios de legalidad.
