Ramírez y Chavalán, junto a la mexicana Edith Espinal buscan el respaldo en el Congreso de EE. UU. para desafiar los castigos de la administración de Trump.
Ramírez está desde febrero del 2017 en la iglesia Presbiteriana de San Andrés, situada al norte de Austin, Texas.
Allí vive junto a su hijo impulsada por el miedo a que las autoridades irrumpan en el santuario, la detengan y la separen de su pequeño, dirigió un mensaje a los líderes demócratas.
En un comunicado, pidió a los legisladores como el senador Bernie Sanders y el representante Julián Castro que cumplan las promesas que han hecho y hagan de la lucha por los indocumentados y las personas que están en santuario “una prioridad”.
Al llamado se unieron ciudadanos estadounidenses afectados por las políticas migratorias del Gobierno Trump, como Carly García, quien vive separada de su esposo Alex desde que él buscó refugio en una iglesia en Misuri para evitar su expulsión del país.
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Por otro lado, Chavalan Sut llegó a EE. UU. en 2015 buscando asilo político y vive desde septiembre del 2018 en la Iglesia Wesley Memorial United Methodist en Virginia.
El día que viajó a EE. UU., Chavalán Sut tenía recientes los recuerdos de su casa en llamas que delincuentes incendiaron en un intento por arrebatarle su propiedad. Ahora vive como refugiada y con el constante temor de ser deportada a Guatemala, algo que grupos humanitarios afirman, sería una sentencia de muerte.
Las multas emitidas por el gobierno de Trump han sido calificadas como una “extorsión”, según la abogada Lizbeth Espinal, quien lleva el caso de la mexicana Edith Espinal.
“Desde mi punto de vista esto es una extorsión, nada nos asegura que no nos van a mandar otro cobro, esto es un ataque directo a las instituciones de fe y a la lucha contra la deportación”, dijo Mateo.
La inmigrante mexicana, de 42 años y madre de tres hijos, está refugiada en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio) desde octubre del 2017 y el pasado 2 de julio recibió una notificación de la multa por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
ICE les dio un plazo de 30 días para efectuar el pago de la multa, el cual vence la próxima semana.
Esto será apelado por Mateo en la Junta de Apelaciones de Inmigración; sin embargo, esto no garantiza que el pago se pueda evitar.
Poco después de iniciar su mandato en 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que se apliquen todas las sanciones posibles a las personas indocumentadas en el país.
Según las normas, ICE puede multar a quienes no cumplen con la ley de inmigración hasta con US$799 por día.
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