La jefa de la PGN, Anabella Morfín, afirmó ayer que no aparece documentación necesaria para el análisis de la validez de los contratos.
“Hubo una pérdida de documentación que, me dicen, fue notificada al Ministerio Público, creo que en el 2008, por parte de alguna persona sindicada directamente por eso. No sé si la perdieron o la destruyeron o qué pasó con ella, eso es parte de las cosas que necesito aclarar, pero que finalmente es responsabilidad de la SIT”, explicó.
Agregó que Brenda Quiñónez, extrabajadora de la Sección Jurídica de la SIT y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue denunciada.
En el 2009, Quiñónez explicó que se trató de un usufructo entregado de conformidad y que tiene fotocopia certificada de todos los documentos por dos años a favor de diferentes usufructuarios.
- Asignado con títulos: Según la Ley de Telecomunicaciones, el título de usufructo es el aprovechamiento de las bandas de frecuencias reguladas, el cual será asignado mediante títulos que representan el derecho de usufructo. El derecho de usufructo podrá ser arrendado y/o enajenado total o parcialmente.
La fiscal contra Delitos Administrativos, Heidi Tamara de León, informó que esa denuncia fue desestimada en el 2010.
“Me preocupa que no se tengan los archivos completos porque finalmente esa es la historia institucional y nacional en el uso de las frecuencias, que son un bien del Estado”, agregó la procuradora.
La SIT, en un comunicado de prensa, afirmó que la denuncia ante la Fiscalía en 2008, por pérdida de información, “no tiene relación alguna con los canales de televisión abierta”, y ofreció dar los datos “oportunamente”.
Señalados en caso
En el caso Cooptación del Estado, el Ministerio Público determinó que Radio Televisión Guatemala, S. A., y Televisiete, S. A. —canales 3 y 7, respectivamente— aportaron más de Q17 millones para la campaña del Partido Patriota en 2011, en la que fueron electos Otto Pérez y Roxana Baldetti.
De acuerdo con el órgano investigador y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ya en el poder los mandatarios retornaron el favor al otorgar contratos de pauta oficial por Q216.2 millones.
Los canales son propiedad del mexicano Ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana, tiene orden de captura internacional.
