Las ya reconocidas organizaciones que dicen defender los derechos de los campesinos y pueblos indígenas, lejos de beneficiarlos les están causando un daño enorme, y no solo a ellos, sino que a todo tipo de actividad lícita que se genera en el área de influencia de los lugares afectados. Los ya conocidos grupos que bajo diferentes nombres son los causantes, entre otros el CUC, la Fundación Guillermo Toriello, el Conic, el CNOC, Uvoc, Fundación Turcios Lima, Codeca y otras que, coordinándose unas con otras reciben apoyo económico y de activistas de la comunidad internacional, prácticamente han declarado un nueva guerra que puede agravarse en todo el país.

La situación en el área Río Dulce–Polochic es verdaderamente grave: 33 fincas invadidas. Solo en el 2016 fueron invadidas 25 propiedades a productores de la región, impactando 12 mil empleos directos e indirectos, con pérdidas de unos Q56 millones al mes, lo que prácticamente destruye los ingresos familiares de los pobladores y, lógicamente, causa una reducción brutal de ingresos al fisco, sumado a la retirada de los mineros, andará por Q2,500 millones menos de ingresos al Estado.

Estas invasiones no son para nada pacíficas, los usurpadores toman a la fuerza la propiedad, armados de machetes, palos y armas de fuego, intimidando a los empleados, robándoles lo que sea transportable y lo que no, se los destruyen. Los que quedan desempleados son objeto de amenazas si no apoyan sus movimientos delictivos.

Lo más preocupante es la falta de autoridad en el área y el temor que desde la PNC hasta el Ministerio Público tienen de presentarse a imponer autoridad, a recabar pruebas para que se aplique la justicia, la ausencia total de Gobierno en el área hace que los generadores de empleo en una región de las más pobres del país que al fin veía una luz al final del túnel, cuando inversionistas empezaron a sembrar caña, hule, palma aceitera, banano, plátano, y se montaron dos industrias, una azucarera y otra empacadora, ahora toda esperanza se derrumba para esa pobre gente que se hacía con un trabajo digno y permanente.

Los usurpadores usaron hasta tractores de las empresas para trasladar lo robado, químicos y fertilizantes de bodega, víveres y utensilios de los comedores propiedad de la Asociación Solidarista de los trabajadores. Desnudaron a los agentes de seguridad y retuvieron por varias horas al personal, agrediendo severamente a varios de ellos. Hasta un perro fue muerto a machetazos.

Todo trabajador de las fincas fue obligado a salir sin sus pertenencias y después saquearon sus viviendas.

Árboles de maderas preciosas como rosul, caoba y otras fueron talados para venderlos a contrabandistas que pasan la frontera mexicana. En el Pataxte entraron con motosierras a destruir la palma.

Las denuncias han sido presentadas al Ministerio Público y este, por medio de inspecciones oculares, ha demostrado el delito flagrante de usurpación agravada, artículo 257 del Código Penal, y el de robo agravado, sancionado en el artículo 252 del mismo código. Los tribunales han emitido las órdenes de desalojo y las autoridades, en franco desacato, han ignorado la orden del Tribunal. El desacato es un delito penal, castigado con prisión para el funcionario que no lo acate.

Nos encontramos discutiendo la reforma constitucional y, lamentablemente, entre los participantes hay algunos de estos grupos que apoyan la violación de los derechos constitucionales, propiedad privada, libre locomoción y derecho al trabajo y a la vida misma.

Toda una región de 160 mil habitantes aplastada por un grupo impune al margen de la ley.

induagro@yahoo.com