La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, luego de que el senado admitiera (por 55 votos contra 22) una demanda presentada en su contra por el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno y por haber transferido sin autorización fondos de un ítem a otro en el manejo del presupuesto. Rousseff explicó que los recursos otorgados por los bancos —en calidad de préstamo— evitaron que se paralizara el accionar gubernamental y fueron devueltos íntegramente.

La destitución presidencial prevista en la Constitución de Brasil implica que se pruebe que un mandatario cometió un crimen de responsabilidad, es decir un delito, para ser destituido. Y todos los argumentos esgrimidos durante la votación para separarla del cargo fueron políticos. Así lo evidenció la propia presidenta ayer, cuando se presentó ante el senado para realizar su defensa.

En todo caso, lo actuado por Dilma ameritaría una sanción administrativa, pero en ningún caso su destitución, porque la mandataria no ha cometido delito alguno, ni está señalada por un caso de corrupción.

Esta es una maniobra política de la oposición brasileña —en connivencia con el poder económico y los monopolios mediáticos— para defenestrarla y llegar al Gobierno retorciendo la ley. Recordemos que Rousseff obtuvo 54 millones de votos y fue reelecta para un nuevo periodo que termina en 2018, y que la derecha brasileña no ha podido recuperar el poder desde la primera elección que ganó el Partido de los Trabajadores.

Lo que está en marcha en Brasil es un proceso antidemocrático que busca burlar la voluntad popular con artimañas judiciales y políticas. Eso sentaría un nefasto precedente para las democracias latinoamericanas porque implica la violación constitucional y abona el camino para concretar golpes de Estado maquillados de legalidad. Si se logran 54 votos de los 81 en el senado, Rousseff sería separada definitivamente de la presidencia y quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público en los siguientes ocho años. Así se conseguiría lo que por la vía legal y democrática la oposición brasileña no ha podido obtener.

Pero lo de Brasil no es solo un tema interno, es parte de una contraofensiva de la derecha continental y tiene un doble objetivo: alinear al gigante sudamericano con el ajuste global y poner sus recursos naturales, financieros e industriales al servicio de ese ajuste; y golpear duramente el proceso de construcción de alternativas progresistas en el Continente. Y eso, tratándose de Brasil, tiene una enorme repercusión para los pueblos, movimientos sociales y países con gobiernos progresistas y de izquierda.

Durante la última década, Brasil tuvo un papel central en el fortalecimiento del Mercosur, en la creación de la Unasur y la Celac, y en los Brics, que plantearon un sistema financiero propio, fuera del Banco Mundial y el FMI, y también una coordinación económica y militar alternativa a la de Estados Unidos y sus satélites. Y esta es una razón muy poderosa para tratar por todos los medios de que Brasil cambie de rumbo.

Seguramente antes de que termine la semana conoceremos el desenlace de este vergonzoso capítulo que lastima la democracia brasileña y la de nuestra región. Acostumbrados como estamos a que los sectores de poder quiten del medio a quienes les estorban, resulta una enorme lección de dignidad y valentía el grito del pueblo brasilero, que ha dejado claro que no claudicará y que nada terminó, que la lucha continúa.

@MarielosMonzon