La propuesta que plantea que el rescate de bancos y la capitalización que otorgue el Banco de Guatemala (Banguat) sean cubiertos de manera obligatoria con fondos públicos —impuestos— por el Ministerio de Finanzas, ha generado críticas y cuestionamientos.
Prevención
Sergio Recinos, presidente en funciones del Banguat y de la Junta Monetaria, expuso ayer a Prensa Libre que las reformas tienen como objetivo implementar un mecanismo de prevención que responde a las nuevas políticas internacionales, es decir, la Convención de Basilea.
Las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros plantean otros aspectos de control a las entidades financieras:
El banco central podrá adquirir la cartera de los bancos que presenten problemas, para recuperar parte de los activos, y los podrá comercializar.
Estos activos no podrán ser adquiridos por exaccionistas de los bancos.
También se regulará a las off shore —entidades fuera de plaza— con más controles de su patrimonio.
La SIB implementará nuevos controles de riesgo.
Se requerirá mayor patrimonio a los bancos para hacer contingencias.
El funcionario explicó que la propuesta indica que cuando un banco entre en insolvencia se nombrará a delegados del banco central para tomar su control y el retiro de accionistas y ejecutivos de las entidades.
Esta medida, dijo, solo servirá cuando el negocio bancario pueda ser recuperable, y en aquellos que ya no, se les aplicará la intervención con el nombramiento de una Junta de Exclusión de Activos.
En el caso del Fopa, la intención dijo el banquero central, es ya no cubrir a los pequeños ahorrantes con Q20 mil, sino ampliar esa cobertura.
“En este momento, el sistema se encuentra sano y solo es una acción de prevención”, afirmó.
La medida sería aplicable solo para cuentas en el país.
El presidente del Banguat recordó que con estos cambios se retomarán algunos aspectos que se implementaron antes de la vigencia de las reformas a la Ley de Bancos en el 2002, en la cual el Banguat podía rescatar bancos en problemas; sin embargo, ese año ese eliminó esa norma.
Esta nueva reforma se presenta cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público han desvelado varios casos de corrupción que involucran a exdirectivos de bancos del sistema nacional y que en la actualidad enfrentan persecución penal.
Impunidad
Érick Coyoy, analista del Instituto de Investigaciones Económico-Sociales de la Universidad Rafael Landívar, y Rigoberto Dueñas, directivo de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos, describieron a la iniciativa como un intento de legalizar la impunidad y el otorgamiento de subsidios a malos banqueros.
“Es negativo para la sociedad, con tantas necesidades sociales, sin recursos para educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura, que se estén brindando recursos para salvar a bancos que tengan problemas, y deben ser los propios accionistas quienes deben resolverlo”, aseguró Coyoy.
Dueñas afirmó que esta situación beneficia en materia penal a exdirectivos bancarios y a autoridades y otros funcionarios, pues ya no tendrían persecución penal ni responsabilidades de ningún tipo.
Entre estos, dijo, se encuentra el exjefe de la Superintendencia de Bancos, Willy Zapata, quien no denunció la insolvencia del Banco de Comercio, intervenido en el 2007.
Historia
En los últimos años han ocurrido varias intervenciones:
- 2001: Bancos gemelos
Se intervienen los bancos Promotor y Metropolitano. El Banguat inyectó recursos..
- 2006: Bancafé
La JM ordena la suspensión del Bancafé, entonces el cuarto banco más importante.
- 2007: Banco de Comercio
La entidad logró llevar a cabo una estafa por medio de intermediación no regulada.
- 2014: Irrecuperable
Hasta ese año, la banca central había entregado Q5 mil millones en rescates a bancos.
