Constituye prueba de entereza y valentía la decisión del presidente Jimmy Morales Cabrera de no intervenir para evitar que su hijo, José Manuel Morales Marroquín, y su hermano Samuel Everardo Morales sean juzgados por su presunta participación en actos corruptos cometidos durante el gobierno anterior, por los cuales enfrenta a la justicia la ex registradora general de la Propiedad Anabella de León.

En países política y socialmente desarrollados, a nadie sorprende que familiares de un alto funcionario de gobierno sean juzgados como cualquier otro ciudadano cuando se les acusa de haber participado en hechos presuntamente delictivos. Pero una actitud de ese tipo constituye novedad en países como Guatemala, donde el manto de la impunidad cubre a gran cantidad de individuos, entre los cuales se incluyen quienes tienen lazos de sangre con esas autoridades de alto rango.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala afianzan con esas investigaciones su tarea de frenar, o al menos disminuir, los abusos y la corrupción en cualquiera de sus formas. No se puede dejar de mencionar que el caso despierta interés adicional porque en los manejos corruptos habrían tenido participación socios de un restaurante en cuyo teatro, donde se han presentado obras jocosas de calidad artística muy sui géneris, actuaban el hoy presidente de la República y su hermano, factor que de alguna manera contribuye a embrollar este asunto.

El presidente Morales Cabrera, ya sea porque se vio obligado o por convencimiento, tomó una decisión que le ayuda a comprobar su lema de campaña, “ni corrupto ni ladrón”. Es un trago amargo, sin duda, pero no podía hacer algo distinto, sobre todo como consecuencia de que su gobierno se ha visto plagado de ejemplos de la ahora llamada vieja política. Las consecuencias legales, que según los comunicados del MP y la Cicig pueden determinar en responsabilidad penal, no las tiene el mandatario, por no tratar siquiera de intervenir, a un costo político enorme, sino corresponde a quienes decidieron participar en hechos de corrupción.

Tampoco se debe indicar que ante la corrupción de miles de millones de quetzales este caso es poco importante. Se trata del principio de juzgar hechos ilegales y de evitar que el parentesco siga siendo considerado una muralla que impida la igualdad ante la ley, virtualmente desaparecida en el país desde hace mucho tiempo. Tan simple y tan necesario como eso. Por ello están fuera de lugar frases como la de “tengo mucha familia”, pronunciada hace algunos días por el vicepresidente Jafeth Cabrera, en referencia a influencias, trabajos y contratos en el Estado otorgados a sus parientes.

La acción presidencial es un parteaguas, un antes y un después. No tendría lógica y sería contraproducente que esa medida, severa y también serena, no fuera aplicada a los políticos y amigos que se han subido al carro gubernativo y actúan de manera reprochable. El mandatario puede cosechar pronto los frutos en el apoyo de un grueso sector de la población. Ya es cuestión de mantener la voluntad política de este caso, para lo cual es necesaria la valentía que las circunstancias del país le otorgan a su decisión.