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Se trata de la evaluación neurológica cuyos resultados ya fueron proporcionados al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, quien incluyó una audiencia para discutir el caso el próximo 4 de octubre.
Hasta entonces, Soto seguirá en un hospital privado con vigilancia donde cumple la sentencia de 33 años de prisión por la muerte de siete reos en la cárcel Pavón.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) intenta que Soto Diéguez escuche nuevos hechos por su participación en el caso Infiernito, relacionado con la ejecución de dos reos que escaparon de prisión en 2005 un ciudadano hondureño y la tortura de cuatro fugitivos.
La primera evaluación
El pasado 30 de noviembre Domínguez recibió el primer informe del Inacif en relación con la salud mental de Soto Diéguez.
“Se encuentra en el uso suficiente de sus facultades mentales para responder por sus actos”, se lee en el informe que remitió el Inacif a la judicatura.
El Inacif informó a la jueza Domínguez que Soto Diéguez “comprende que se le acusa y sabe defenderse”.
El informe refiere que Soto Diéguez “acude a la exageración de los síntomas tratando de convencer al entrevistador de que tiene un trastorno psiquiátrico”.
Durante el primer día de la indagatoria, el pasado 9 de noviembre, Soto Diéguez argumentó supuestos quebrantos de salud, por lo que fue evaluado de forma psicológica.
Difiere la segunda evaluación
Ambas evaluaciones tienen resultados distintos. El resultado del año pasado detalla que Soto está estable y el examen de este mes que no es capaz de una audiencia judicial.
Entonces, será hasta en octubre cuando las partes se pronuncien.
El fiscal Carlos de León informó que no se opone a los resultados del Inacif aunque por la discrepancia solicitará nuevos exámenes.
Procesados
El pasado 26 de noviembre las cinco personas detenidas por un caso de ejecución extrajudicial de reos y tortura fueron ligados a proceso por Domínguez.
Carlos Roberto Vielmann Montes, exministro de Gobernación, fue ligado a proceso solo por el delito de tortura, que tiene una pena de entre 25 y 30 años, y fue enviado a prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez decretó la falta de mérito por el delito de ejecución extrajudicial.
Además, la jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.
En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial y enviados a prisión preventiva.
