Instituto Nacional: qué hay detrás de las violentas protestas en uno de los liceos más prestigiosos de Chile

El establecimiento educacional público para chicos es el más antiguo del país y uno de los más prestigiosos. Cuenta con un exigente proceso de selección y entre sus exalumnos hay varios expresidentes.

Se fundó en 1813, en los albores de la independencia de Chile, con la misión de educar a todo joven -sin importar su condición económica- y de influir en los destinos de la nación.

Pero en los últimos meses ha dado titulares no tanto por sus logros académicos, sino por los constantes choques entre estudiantes y fuerzas del orden, incidentes donde jóvenes han sido grabados lanzando bombas molotov o han resultado heridos manejando artefactos incendiarios, denuncias de amenazas a profesores en el interior del colegio y acusaciones de ineficacia de parte de Carabineros (policía de Chile), que ha ingresado incluso con su unidad de Fuerzas Especiales a las salas de clases buscando a los manifestantes.

Para romper algunas de las protestas más calientes se han usado gas lacrimógeno y cañones de agua.

La escuela ha instalado cámaras de seguridad y, cuando las tensiones son elevadas, la policía revisa las mochilas de los alumnos cuando entran en la escuela para evitar que se repitan los incidentes más destructivos, dirigidos por estudiantes enmascarados.

Un puñado de otras famosas escuelas estatales para varones también han participado en las protestas, pero las del Instituto Nacional son las más extremas.

Mientras se repiten los focos de desorden y violencia, desde la Alcaldía de Santiago -de la que depende el colegio- se planteó refundar la centenaria institución, medida que generó fuertes críticas políticas.

“Hartos de las etiquetas”

“Es como una olla a presión que ha explotado finalmente y los ha conducido hasta este tipo de violencia”, afirma Rodrigo sobre los alumnos que protestan.

Puede que no esté de acuerdo con los métodos de los estudiantes enmascarados, pero entiende muy bien cuáles son sus motivaciones.

“Mi escuela refleja el estado de la educación en Chile: falta de recursos y cuidado a los estudiantes”.

Hay quejas por plagas de ratas, baños bloqueados con filtraciones de aguas residuales, duchas frías, ventanas rotas, techos con goteras y acoso por parte de los profesores.

“Hace seis años que pedimos que las cosas cambien. Estamos hartos de que nos pongan la etiqueta de terroristas y delincuentes, cuando lo único que queremos es ser escuchados”, explica.

Los enmascarados -como muchos otros estudiantes de la escuela- quieren que se destinen más recursos a su centro, incluyendo suficientes profesores y una reforma del currículum nacional, que aseguran que está anticuado y no refleja el pensamiento del siglo XXI.

Algunos alumnos creen que la única forma de obtener la atención de la gente es lanzando cócteles molotov y tomando las aulas.

Problema de larga data

Los críticos dicen que el problema de infrafinanciación de las escuelas públicas se remonta a los tiempos del general Augusto Pinochet, en las décadas de 1970 y 1980, cuando fueron puestas bajo el control de las autoridades locales, a las que acusan de desviar los fondos destinados a las escuelas.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago y a cargo de las finanzas del Instituto Nacional, rechaza esta acusación.

“Desde que soy alcalde, cada peso que me han dado ha sido utilizado para la infraestructura de la escuela”, afirma.

“Cada vez que reparamos algo, los estudiantes lo dañan. Arreglamos algunos de los baños durante las vacaciones y la primera tarde del nuevo periodo escolar tenían grafiti por todas partes y estaban dañados”.

Argumenta que los problemáticos son un pequeño grupo de estudiantes muy politizados que quieren causar problemas.

El alcalde cree que se necesitan medidas duras para detenerlos.

“No podemos tener a estudiantes que lanzan gasolina sobre los profesores y bombas. Tenemos que pararlos”, asegura.

Una política “torpe”

Sus opiniones son compartidas por el gobierno del presidente de derecha Sebastián Piñera, quien ha introducido una política llamada “Aula Segura” para contener las protestas.

Bajo esta política, los estudiantes sospechosos de participar en protestas violentas pueden ser inmediatamente excluidos del liceo, incluso si su comportamiento todavía está siendo investigado.

Rodrigo afirma que esta nueva medida, que algunas veces tiene como resultado que alumnos que no han hecho nada malo sean suspendidos, es torpe y ha contrariado aun más a unos estudiantes que ya estaban insatisfechos.

Dice que también ha llevado a que los manifestantes enmascarados aumenten de unos 20 a 100 de un total de 4.000.

“Cuando el Estado dicta sus políticas por la fuerza, con la policía invadiendo el instituto para sacar a los estudiantes, utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua, está mostrándonos que la violencia es la respuesta a la situación y eso genera resistencia”, argumenta.

Mientras, los escolares suman horas de clases perdidas.

Divisiones profundas

Los padres están divididos acerca de cómo lidiar con el problema, con tres asociaciones de padres con posiciones diferentes.

Judy Valdés lidera una de ellas.

“Incluso los estudiantes que lanzan bombas molotov tienen derechos, porque son niños que todavía están creciendo y eso es lo que el alcalde y el gobierno no entienden”, indica, pero subraya que no está de acuerdo con sus métodos.

Valdés quiere que haya más terapeutas en la escuela para ayudar a lidiar con la depresión y otros problemas de salud mental que experimentan los estudiantes.

Los propios alumnos dicen que ir a clases a veces puede parecerse a entrar en una zona de guerra y que incluso aquellos que no están participando en las protestas pueden sufrir las consecuencias del conflicto.

El hijo de 14 años de Natalia Canales Riquelme, Santiago, es uno de ellos.

Santiago “no llevaba máscara, no estaba lanzando piedras, ni siquiera sabe cómo encender la cocina de gas, no digamos lanzar cócteles molotov”, dice su madre sobre el día en que casi falleció al quedar atrapado en medio de la policía y los manifestantes, contra los que usó gas lacrimógeno.

“Me estaba casi ahogando, pensé que iba a morir. Cuando conseguimos finalmente movernos, me caí y el resto de los estudiantes me pasaron por encima al intentar salir”, recuerda Santiago.

El alcalde Alessandri dice que escucha las peticiones de los alumnos y sus padres y que está intentando encontrar el dinero necesario para modernizar la escuela.

Pero con las emociones a flor de piel entre los alumnos, no está claro si su promesa de realizar mejoras será suficiente para convencerlos de detener las protestas.