De acuerdo con el politólogo Marcio Palacios, el viaje del gobernante a EE. UU. y Colombia se efectuó durante la peor crisis política de los 8 meses de Gobierno. De hecho a su salida trascendió un Estado de Prevención que restringía garantías ciudadanas de forma ambigua.
“Hay un desencanto con la población porque fue la antipolítica la que ganó las elecciones, pero esos votantes están arrepentidos. El desgaste que se percibe equivale a dos años y medio de gobierno con todo el transfuguismo y la renuncia de ministros”, indicó el experto.
“Se pierde la legitimidad porque el Gobierno se retracta de sus decisiones. Además, la violencia y otros problemas sociales siguen su curso. El Estado colapsó, lo que genera un desgaste social que puede convertirse en una bomba de tiempo”, advirtió Palacios.
Para el politólogo, el futuro es incierto porque hay un divorcio con la población, causado por las actitudes y los impulsos del mandatario, manejo deficiente del presupuesto y la poca experiencia política.
Ayer, el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, deben ser los guatemaltecos quienes “pongan el hombro”, para tratar de solventar la situación del país, porque el Gobierno no puede hacerlo. Agregó que es necesario que la población sea cuidadosa al momento de elegir a sus funcionarios.
En cuanto a las acciones del Estado, el religioso opina que todas las decisiones deben ser más consensuadas.
El 20 de septiembre último, Morales viajó a EE. UU. para asistir a reuniones de carácter diplomático y para comparecer ante la Organización de las Naciones Unidas.
Hoy se encuentra en Colombia para participar en la ceremonia de la firma de la paz y se espera que regrese al país mañana.
Corrupción: Familiares señalados
El hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales, son investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público en un caso de corrupción.
Morales Marroquín habría pedido a su tío, Samuel Morales, que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de canastas navideñas al Registro General de la Propiedad.
Morales Marroquín declaró el 7 de septiembre en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y Samuel Morales lo hizo el lunes 12, confirmó el fiscal Juan Francisco Sandoval.
El gobernante dio una información sobre la declaración de su hijo y su hermano el 13 de septiembre, a través de un video difundido en los canales de la televisión nacional, donde advirtió de que no volvería a referirse al tema.
Espionaje: Escándalo en la SAAS
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, confirmó que hay una investigación sobre la existencia de un grupo clandestino para el espionaje de civiles por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).
El 5 de septiembre último, el Gobierno informó que Jorge Ignacio López Jiménez y César Augusto Sagastume, jefe y subjefe de la SAAS, fueron separados de sus cargos por decisión del mandatario.
López negó que existiera un cuerpo de espionaje e indicó que si los diputados tenían las pruebas debían presentarlas.
Actualmente, Orlando Ramírez, subsecretario Administrativo, funge como secretario interino.
El gobernante analiza perfiles de quienes puedan ocupar los cargos que dejaron los señalados. No obstante se hace necesario aclarar si en efecto hubo espionaje a personas.
Conflicto: Relaciones con Belice
Luego de que Julio Alvarado Ruano fue ultimado por grupos armados al mando de una patrulla del ejército beliceño, el 20 de abril de este año, se desató un estado de tensión entre ambos países, asunto en el que el presidente Morales hizo hincapié durante su primera intervención en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, donde denunció la falta de colaboración de Belice para mantener el diálogo y encontrar una solución permanente al conflicto.
Agregó que ambas naciones tienen tiene el compromiso de resolver permanentemente las diferencias territorial, marítima e insular en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“No encontramos una actitud recíproca del gobierno beliceño. Tal como viene ocurriendo desde 1999, la situación ha cobrado la décima víctima civil guatemalteca en la zona de adyacencia que es administrada por ese país”, denunció el mandatario.
Para llegar a la CIJ, ambos países deben llevar a cabo una consulta popular; sin embargo, está pendiente que el Congreso ratifique un protocolo para modificar el acuerdo original y permita celebrar el referendo en fechas diferentes.
Expertos indican que Belice mantiene una política de retraso, pues perdería casi la mitad de su soberanía. Sin embargo en los próximos días se debería tener la reacción oficial beliceña.
Prevención: Posibles delitos
El 20 de septiembre último, el Gobierno decretó un estado de Prevención que fue rechazado de forma únanime por diversos sectores de la población, porque suspendía derechos constitucionales supuestamente para atender emergencia de lluvias.
El Ejecutivo decidió dejar sin efecto la medida, 48 horas después, por el masivo rechazo. Poco después se decretó un Estado de Calamidad que debe ser avalado por el Congreso, en donde ya varios diputados manifiestan su reticencia.
Sin embargo, a causa del estado de Prevención derogado, el presidente Jimmy Morales, junto a todo su gabinete, fue objeto de dos denuncias penales promovidas por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) y la Unidad Nacional de la Esperanza, por avalar una suspensión injustificada de derechos que incluso recordó el Serranazo de 1993.
Presupuesto: Se espera aprobación
El Gobierno presentó recientemente al Congreso de la República su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, por Q79 mil 830 millones.
La iniciativa incluye un incremento de Q9 mil millones al gasto vigente y, según Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, prioriza los ejes de Salud, Educación, Infraestructura, Seguridad y Justicia, así como el incremento de la deuda pública.
Ahora corresponderá al poder Legislativo aprobar la iniciativa propuesta y tiene hasta el 30 de noviembre para conocerla, lo que podría representar una discusión férrea y cabildeos políticos.
Carlos Barreda, integrante de la Junta Directiva del Congreso, dijo que les parece que el monto es elevado, pues son casi Q9 mil millones más del presupuesto vigente para el 2016 —Q71 mil 46.3—, mientras que la ejecución actual es la más baja en los últimos seis años.
