Seis de 32 afectados que han sido citados a declarar en los últimos días a la fiscalía admitieron que la comuna les otorgó licencias para mejorar sus casas, después, incluso, de que las autoridades conocieron los informes de alto riesgo en el lugar.
Hace un año, 206 personas fallecieron, según la cifra que manejan las autoridades y el comité de vecinos, cuando parte del cerro cayó y soterró decenas de viviendas.
Tragedia advertida
A finales del 2001 fue emitido un acuerdo gubernativo que advirtió que la zona de El Cambray era de riesgo, pero ya una constructora había vendido para entonces 165 lotes; cada propietario había hecho su gestión del Impuesto Único Sobre Inmuebles (Iusi) y las casas habían sido construidas, comenta Similox.
“Tampoco el acuerdo decía que después de declarado como de alto riesgo el lugar debía ser desalojado”, agrega el fiscal. Pero sí contenía una advertencia de que “al momento de haber riesgo” debían tomarse las medidas emergentes correspondientes.
A mediados del 2014 los vecinos se quejaron con el alcalde auxiliar de El Cambray de que el cauce del río Pinula había empezado a dañar las viviendas. La Dirección de Planificación de la municipalidad de Santa Catarina Pinula hizo varias inspecciones y redactó informes con fotografías en el que advirtió del desprendimiento que había comenzado a tener la montaña y “lo más importante es que dejó claro que este continuaría”, afirma Similox.
El exalcalde Coro recibió una investigación de este riesgo en noviembre del 2014 y su sucesor Alvarizaes recibió otro en marzo del 2015, es decir, las autoridades tenían en su poder dos informes además del que elaboró la Dirección de Planificación Municipal y “nunca se ordenó el desalojo”, agrega el Fiscal.
El 1 de octubre, hace un año, estaba previsto que comenzara a funcionar el “Programa de Mejoramiento a la Población”, este tampoco contemplaba ningún desalojo del área afectada, agrega.
Herbert Oliva, abogado defensor de Alvarizaes afirma que la única institución que tiene la obligación para prevenir los desastres es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). El jurista rechaza que la responsabilidad primaria sea de la Coordinadora Municipal de la Reducción de Desastres, un segundo nivel de la Conred, a cargo del alcalde.
Oliva afirma que , en primera instancia, la obligación de prevenir el desastre correspondía al Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en ese entonces, a cargo de Alejandro Maldonado. ” No es como la fiscalía lo quiere hacer ver”, agrega.
Prensa Libre intentó comunicarse con el defensor de Antonio Coro, el abogado Byron Carrillo pero no respondió las llamadas.
Fiscalía tiene más de 80 pruebas contra sindicados en caso El Cambray
