La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Juárez, ordenó además que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil del exmandatario desde el 2009 hasta la fecha en las cuentas que maneje en Perú y el extranjero, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
La fiscalía pedirá al Juzgado de Investigación Preparatoria la medida coercitiva de comparecencia con restricciones contra Ollanta Humala, que asumió la presidencia del partido Nacionalista, a cargo de su esposa durante su periodo gubernamental, tras dejar la presidencia de Perú el pasado 28 de julio.
El fiscal Juárez desestimó además la denuncia contra Humala por la presunta recepción de aportes de la minera ilegal y de fondos públicos del gobierno de Venezuela para financiar sus campañas del 2006 y el 2011, según denuncias y testimonios publicados por la prensa.
El pasado 28 de septiembre, el abogado de Humala, Julio César Espinoza, dijo que el expresidente no invocará la prerrogativa del antejuicio en la denuncia por presuntas irregularidades en los aportes al partido Nacionalista.
Su esposa Nadine Heredia y varios integrantes de su familia y allegados están siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos, en vista a los indicios encontrados por el fiscal que incluyen agendas de la ex primera dama con anotaciones del manejo de fondos durante las campañas electorales del 2006 y el 2011.
Humala declaró este año que él era el encargado del manejo de fondos en el partido y que su esposa era la responsable de las relaciones internacionales, al intentar asumir la responsabilidad de las acusaciones que se remontan a los años previos a su llegada al gobierno.
En opinión de su abogado, el fiscal debería archivar la denuncia “por carencia de sustento” , dado que, en su opinión, se basa exclusivamente en informes periodísticos que revelaron los presuntos fondos irregulares en el 2014.
De otro lado, el expresidente ha sido citado para el próximo 9 de noviembre a responder ante la fiscalía por otra denuncia relacionada a la concesión del gasoducto del sur, que fue entregada en el 2014 a las empresas Odebrecht de Brasil y Enagás de España.
