El funcionario quedará arraigado y deberá firmar un libro de asistencia en la Fiscalía de Derechos Humanos o el control biométrico cada lunes. Tiene prohibido visitar la sede del IDPP y hablar acerca del caso durante seis meses.
El Ministerio Público (MP) queda conminado a continuar la investigación del crimen.
Durante la resolución, Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo E, recordó los diversos indicios que presentaron los fiscales Alfredo Tejeda y Pablo Barrios relacionadas con el delito de asesinato.
“A criterio de esta judicatura los indicios no son sustanciosos y son insuficientes para tener la sospecha de la participación en los sindicados en haber planificado el asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez”, se refirió Recinos.
En la sala de audiencias se observaron sonrisas de los amigos y familiares de los tres beneficiados.
Al ser cuestionado Ruiz por la resolución favorable respondió: “¿Qué me deja? Pues felicidad y la tranquilidad de irme a la casa”.
“Desconozco por qué hayan activado el caso otra vez. Ya estaba archivado. Desconozco por qué lo hicieron”, añadió Ruiz y mencionó: “Nunca me daría a la fuga ni de violentar ninguna medida, simplemente cumplir lo que la jueza dictó, las medidas de restricción”.
Los otros dos beneficiados evitaron pronunciarse con el argumento que la juez tenía prohibición. Incluso Donis Orellana podrá ir a trabajar mañana a la sede del IDPP.
Tienen tres días para apelar
La Fiscalía de Derechos Humanos tiene hasta el próximo lunes para plantear la apelación respectiva por la resolución de Recinos. Al respecto los fiscales Barrios y Tejeda explicaron que el caso sí contiene suficientes indicios de la participación no solo de Ruiz sino de Ortíz Maquín y Donis Orellana en una reunión para planificar el asesinato del sindicalista.
Recinos, incluso mencionó que las medidas de prohibición contra Ruiz de arraigo y firmar cada semana el libro de control era porque la Fiscalía iba a apelar y el caso iba a pasar a una sala de apelaciones.
Audiencia extensa
Desde el 16 de julio se discutió el señalamiento contra Ruiz y los otros dos por la supuesta participación en el crimen. Desde que allanaron su casa, el 5 de julio pasado, el viceministro de Gobernación estuvo internado en un hospital privado de la zona 2 de Mixco, debido a supuestos quebrantos de salud.
El avance de la investigación cuenta con 186 folios y el testimonio de personas cercanas a la víctima, Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Secretario General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el IDPP.
El asesinato sucedió el 1 de junio de 2012 cuando circulaba por la 4ª. avenida, 20-51, zona 3.
El supuesto autor material ya fue detenido. Se trata de Ronald Joaquín González Vásquez, quien fue el jefe de seguridad en el IDPP, según la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Ramírez era secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico del Instituto de la Defensa Pública Penal cuando fue asesinado en 2012.
Identificó a testigos protegidos
Durante la audiencia Ruiz declaró que identificó a dos testigos protegidos. “La Testigo 5 -como está identificada en la carpeta judicial- es Patricia Rabbé que fue defensora pública, ella dice que me conoce y sí, estudiamos juntos. Lo que dice ella es una historia. No es testigo. Anda enterándose de la vida ajena”, declaró Ruiz Barrientos en la ampliación de su declaración.
Después aseguró que también logró identificar a la Testigo 3 y se refirió a que es Vilma Aidé Ramírez. “Ella aseguró que utilizo una mini uzi en el carro, pero a ella no he tenido la mala suerte de subirla a mi carro. Además, soy de Agua Blanca -Jutiapa- y uso armas por mi trabajo”, se refirió.
Señalan a Blanca Stalling
Uno de los testigos protegidos declaró que en la supuesta planificación del crimen estuvo involucrada Blanca Stalling, quien dirigió el IDPP y fue juramentada magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque fue separada del cargo debido a una investigación centrada en que presionó al juez Carlos Ruano para que beneficiara a su hijo Otto Roberto Molina Stalling.
“La mayoría de las personas decía que Stalling y Ruiz lo mandaron a matar”. Así resumió una testigo el asesinato a balazos de Manuel de Jesús Ramírez, quien fue secretario de conflictos del Sindicato General de Trabajadores y Apoyo Técnico en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Jueza Eva Recinos dicta falta de mérito a favor de Remberto Leonel Ruiz Barrientos, viceministro de Gobernación, Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana.
El señalamiento fue el crimen del sindicalista del @IDPP_gt Manuel Ramírez, en 2012. pic.twitter.com/9uiSbAfecn— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 7, 2019
Contenido relacionado
> Condenan a cuatro por muerte de detective que aportó pesquisas por crimen contra Myrna Mack
> Impunidad y redes ilícitas: Cicig advierte influencia sobre la justicia
