MUY POCOS PUEDEN DUDAR de la necesidad de comprender, primero, y luego confrontar y tratar de solucionar los problemas de la vida cotidiana de las mayorías campesinas del país. Temas como el uso del agua en forma consciente y con las limitaciones obligadas para lograr el beneficio común, simplemente ya no pueden hacerse a un lado. No solo se trata de aspectos culturales, sino de sobrevivencia. Igualmente se deben enfrentar asuntos como el concepto de territorialidad de una etnia cuando de alguna manera interfiere con la división republicana del país, o cuando el sistema legal puede volverse aún más ineficiente como consecuencia de aplicar mal conceptos necesitados de definición, como es el llamado derecho indígena ancestral.

LA MARCHA REALIZADA este miércoles 12 de octubre por representantes de agrupaciones campesinas del país, trae de nuevo el tema de las motivaciones de ciudadanos residentes en los departamentos para dirigirse a la capital con el objetivo de hacer escuchar su voz y lograr también presencia en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Este derecho está garantizado para todos los guatemaltecos, pero igualmente hay sitio pensar en cómo se debe interpretar en forma serena y válida la participación de personas extranjeras llegadas al país por tener visas de turistas y adquirientes de un cierto protagonismo, talvez cuestionable, cuando marchan al lado de indígenas y campesinos portadores de reclamos genuinos para las autoridades nacionales.

ESA TARDE CIRCULARON tres fotografías por whatsap. Dos muestran a mujeres jóvenes, rubias y de tez blanca, algunas con ropa femenina indígena, caminando en la marcha, organizada por el Comité de Unidad Campesina, entidad cuyo estilo de actuar le ha ganado numerosas críticas y la ha hecho quedar encajada en el marco ideológico de izquierda militante. La otra foto muestra un informe de fecha no determinada en el cual se señala a la Unión Europea como supuesta financiadora de un programa para fortalecer sistemas campesinos alimentarios en cinco micro-regiones de Guatemala, con la Fundación Guillermo Toriello como contraparte y como socio al CUC. El gasto total asciende a 1,525,713 euros, es decir, alrededor de 15 millones de quetzales.

ORGANIZADORES Y FINANCISTAS de estas actividades deben tomar en cuenta cuál es la imagen dentro de la población, de las motivaciones ideológicas o sociales implícitas. No hacerlo cae en irresponsabilidad, porque —por ejemplo— los contratiempos sufridos por los capitalinos, así como los efectos económicos derivados de detener el tránsito, se convierten de inmediato en fuentes de rechazo menor o mayor a quienes participan, y sobre todo los encargados de toda la logística necesaria: contratación de autobuses, compra de comida, etcétera. Las tristemente duras condiciones de la vida de la mayoría de campesinos del país les impide poder financiar con dinero propio su participación en actos de este tipo. Tienen otras prioridades.

NO CREO NECESARIAMENTE negativa la participación de personas o entidades extranjeras para realizar acciones cuyo fin realista sea mejorar las condiciones de vida de grupos o personas marginadas por cualquier tipo de discriminación tácita o práctica. La Cicig actual es un ejemplo de esto. Pero se necesita un esfuerzo de todos, a fin de encontrar soluciones consensuadas en lo posible. En medio de todo esto se encuentra la población no comprometida y talvez tampoco interesada, como los jóvenes, es decir los menores de 40 años. También se debe insistir en no cometer el error de soslayar temas como los comentados. Es la política del avestruz. Los actuales tiempos, de comunicación instantánea e incontrolable, exigen transparencia total.