A cada entidad se le otorgaron entre 20 y 30 minutos para exponer por qué es importante que les asignen fondos para el próximo año.
Cada una explicó cómo han apoyado en la atención de pacientes renales o hepáticos, así como para la democracia del país, entre otros temas.
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Carlos Barreda, integrante de la referida sala legislativa, pidió a la comisión que se envíe una nota a los ministerios de Salud y Educación para que revisen las listas de las oenegés que se incluyeron en el proyecto de presupuesto, ya que en relación con el año anterior hay un incremento en Salud de Q174.3 millones y en Educación de Q22 millones.
El presidente de esa sala legislativa, Jairo Flores, manifestó que es importante analizar cada una de las peticiones hechas por las entidades, al considerar que unas necesitan incrementar su presupuesto y otras una disminución.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) pidió a los diputados de esa sala que se incrementen recursos a las carteras de Salud y Educación, y reducir o suprimir gastos innecesarios. Además, solicitó que se pongan metas dentro de la ley, para que las puedan cumplir los ministerios.
Consejo Económico Social | Q10 millones |
Apemayac | Q500 mil |
Flacso | Q3 millones |
Fundación Esquipulas | Q2 millones |
Fundeahepa | Q10 millones |
Fundaorto | Q15 millones |
Fundabiem | Q15 millones |
Margarita Tejada | Q10 millones |
Fundaemi | Q20 millones |
Epilepsia Humana | Q13 millones |
Asociación de Sordos | Q3 millones |
Centro de Investigación Epidemiológica Familiar | Q1 millón |
Fe y Alegría | Q62.2 millones |
Asociación Dulce Refugio | Q25 millones |
Olimpiadas Especiales | Q1.8 millones |
Liga contra el Cáncer | Q100 millones |
Grupo Guatemalteco de Mujeres | Q1 millón |
Unaerc | Q496 millones |
Cáritas Guatemala | Q20 millones |
Bomberos Voluntarios | Q80 millones |
Evaluar méritos
El economista Carlos Martínez manifestó que el hecho de ir al Congreso a solicitar fondos se volvió una distorsión que se desarrolló para otorgar recursos públicos a entidades privadas, y que cada vez se fue ampliando el abanico de organizaciones.
“Hay cosas importantes que se deberían evaluar para entregar los fondos; una de estas es sobre una calificación de la Contraloría que certifique qué entidades han ejecutado y han sido transparentes en la ejecución de fondos públicos”, sugirió Martínez.
Además, explicó sobre otra calificación para ver si realmente cumplen una función pública de utilidad a la población.