“Hemos determinado que por lo menos US$116 millones fueron cobrados en efectivo; de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas”, agregó.
La investigación fue realizada por el naciente Grupo contra la Impunidad (GIC) en una operación denominada “Destape a la corrupción”, dijo Meléndez.
Como parte de las indagaciones, este lunes comenzó el allanamiento de negocios vinculados a un primo del expresidente Saca.
El fiscal denunció haber sentido “las presiones” por la apertura de una investigación contra el expresidente Saca, pero advirtió que “no vamos a retroceder y vamos a continuar ejerciendo nuestras facultades”.
“Hago un llamado a la población honrada a que defienda a su fiscalía” ante “presiones de cualquier tipo”, dijo Meléndez.
Que le caiga todo el peso de la ley
Al respecto de la detención de Saca, el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) de El Salvador, partido que lo llevó al poder, dijo que si su exmilitante y expresidente es “culpable, que responda por sus actos y que le caiga todo el peso de la ley”.
El empresario y diputado de Arena Ernesto Muyshondt manifestó que “cuando hay indicios de corrupción deben de perseguirse, vengan de donde vengan, sin distinción de colores políticos”.
Saca, quien llegó a la Presidencia bajo la bandera de ARENA, de donde fue expulsado en 2010 para posteriormente crear el partido de centro derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y seis colaboradores de su gabinete fueron detenidos este domingo por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
“Nosotros esperamos que las instituciones funcionen y que, mediante un debido proceso, él (Saca) pueda defenderse, pero si resulta culpable nosotros esperamos que le caiga todo el peso de la ley”, indicó el diputado.
Muyshondt precisó que, a pesar de que entre 2004 y 2009 Saca fue presidente de ARENA, el partido “se desliga de todo proceso” porque “todos los ilícitos que pudo haber cometido el expresidente deben de ser tratados a titulo personal”, a pesar de que el colectivo de oposición pudo haber recibido US$400 mil, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado agregó que Arena ha ofrecido la “colaboración y poder contribuir con las investigaciones”, pero enfatizó que los actos personales no tienen porque perjudicar al instituto político.
Entre las personas que fueron arrestadas junto al expresidente se encuentran tres funcionarios que continúan trabajando en la Presidencia, bajo el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
